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La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por víctimas de "violencia rural" y ordenó a la Delegación Presidencial del Biobío adoptar las "coordinaciones necesarias" para prevenir y evitar los ataques incendiaros en la región. Aunque la Delegada Presidencial aseguró que eran denuncias interpuestas en el Gobierno de Sebastián Piñera. Pero confirmó que como Delegación Presidencial del Biobío se están ocupando de esta problemática desde el minuto uno desde que tomaron el cargo.

La delegada presidencial, Daniela Dresdner explicó que “ambos casos corresponden a denuncias que se hicieron durante el Gobierno anterior, pero voy a insistir sobre esto, nosotros nos estamos haciendo cargo de esos problemas desde que entramos y vamos a seguir haciéndolo, ocupando todas las herramientas que nos entregue el Estado de Derecho para poder entregar mayor y mejor seguridad a las personas que viven en estos sectores”.

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Fue en ese contexto que comentó que con la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur se ha avanzado en materia de seguridad. Además agregó que "estamos instaurando programas sociales, de infraestructura, mejoras en las condiciones de las distintas comunidades. También, avanzando con el tema de la restitución de tierras. Todo esto es un conjunto de medidas que apuntan a resolver el problema de fondo al mismo tiempo que entregamos seguridad a las personas”, sostuvo.

Hay que recordar que en fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal, revocó la sentencia impugnada, dictada previamente por la Corte de Apelaciones de Concepción; y en su lugar, acogió la acción cautelar al considerar que "existen riesgos evidentes de afectación al derecho a la integridad física, psíquica, libertad ambulatoria y de propiedad de los recurrentes".

Asimismo, la resolución del tribunal de alzada penquista revocó una medida de protección emitida por la Fiscalía Regional de Biobío, mediante la cual se disponía a personal de Carabineros para hacer rondas periódicas en las propiedades de las personas sindicada como "víctimas de violencia rural".

Por su parte, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz dijo que “aquí hay requerimientos que se han hecho por partes interesadas que tienen asiento territorial. Pero lo que ha hecho el máximo tribunal de la República es reiterar algo sobre lo cual ya se había pronunciado. Las materias de orden y seguridad pública están radicadas en el país en el Ministerio del Interior”.

Agregó que “es el Ministerio del Interior y sus autoridades a quienes les corresponde brindarnos seguridad en cualquier lugar del territorio en que nos encontremos. Si hubiera una consulta sobre esa materia en la Provincia de Concepción, no me cabe duda de que hay jurisprudencia que se va asentando el máximo tribunal”.

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