¿Apruebo o rechazo? Un dilema de interpretación

Para algunos serán meses de agonía para otros un trámite que nunca habían hecho. En el caso de los nuevos votantes, el hecho de que el texto constituyente a plebiscitar sea tan bueno para algunos y tan nefasto para otros no contribuye a dilucidar la decisión final.

De hecho, el plebiscito de salida y sus opciones de apruebo y rechazo han irrumpido en la política mucho antes de tener un texto constitucional concluido y los debates al respecto dejan más dudas que certezas.

¿Cómo es posible que para un mismo artículo existan interpretaciones tan disímiles? ¿Es esto producto de una redacción imprecisa o de intelectos bastante creativos para interpretar las normas? Puede que la respuesta no sea ninguna de las alternativas expuestas.

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Un ejemplo de discordancia y que tensiona el debate es el concepto de Plurinacionalidad. Hay quienes sostienen que en caso de aprobarse el nuevo texto será el Fin de la Nación, tal como se titula la columna de opinión en El Mercurio escrita por Sofía Correa Sutil, quien argumenta que el texto constituyente suprime a la nación chilena para instalar a otras naciones indígenas.

Lo anterior evidentemente invita a reflexionar. En caso se aterrizar la interpretación de la columnista, el 87% que conforma la nación chilena de nuestro país será reemplazada por las once naciones indígenas. Es decir, casi 17 millones de personas se tendrán que adaptar a la cultura, idioma e identidad de unos 2 millones de personas.

Siguiendo con la interpretación de las palabras de la Doctorada en Historia, toda persona que se sienta chilena, en caso de aprobarse la nueva constitución, ya no podrá serlo, sino que deberá sentirse obligatoriamente, Aymará, Rapa Nui, Diaguita, entre otros.

En este sentido, es comprensible que el rechazo sea la única opción previsible ¿Quién podría promover que se suprima una nación entera y quede bajo el sometimiento de otras? ¿No suena esa intencionalidad más propia del colonialismo que a la democracia?

Es de tal envergadura el cambio al cual podríamos someternos que cabe al menos cuestionar si esta interpretación es cierta y posible.

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Otro caso de discordia es el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la posibilidad, tal como ha señalado el Senador de la República Felipe Kast, de abortar a los nueve meses. Agregando que, lo escrito en la propuesta de nueva constitución, atenta contra el respeto de las mujeres que quieren a sus hijos.

Bajo esta premisa señalada por el Senador, una mujer podría decidir continuar con su embarazo, pero, a días, horas y e inclusive minutos antes de dar a luz, podría cambiar de opinión y en vez de optar por un parto podría decidirse por un aborto.

Nuevamente estamos bajo un abrupto cambio con un desenlace muy poco alentador y que, como todo buen ciudadano, al menos tendrá la responsabilidad de preguntarse si esto sería posible en la más próxima realidad.

Lo cierto es que el texto constituyente no está oculto, sino a disposición de forma gratuita y para los más estudiosos, copias a la venta en casi todo quiosco del país. Además se han implementado una serie de sitios web dedicados a desmentir afirmaciones que parecen dudosas o exageradas, pero que contienen un extracto de verdad que sería en este caso, la norma constitucional.

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Esta cuota de verdad sumado al contenido emotivo de “dejaremos de ser chilenos” “le falta el respeto a las madres que quieren a sus hijos” bajo la apariencia de una Constitución que ha propuesto un texto constituyente “poco democrático” a pesar de haber logrado acuerdos con amplio quórum, produce el perfecto caldo de cultivo para propagar posverdad, es decir, una interpretación de la realidad que encaja mucho mejor con el sistema de creencias de las personas por sobre los datos objetivos.

¿Por qué estas personas técnicamente cualificadas para interpretar las normas jurídicas deciden establecer estas afirmaciones que no tienen asidero objetivo? ¿Por qué decidimos creerlas?

¿Por qué no decir que preferimos un país homogéneo que uno que reconozca la diversidad? ¿Por qué mejor, no decir que, no queremos que la interrupción del embarazo tenga rango constitucional antes que uno que si lo haga y que mandate sus plazos y forma a la legislación?

Una respuesta plausible es la necesidad de certidumbre ante una Constitución que establece solo un marco para iniciar una conversación, donde más de la mitad del trabajo les toca a las instituciones y quienes la conforman (políticos y funcionarios públicos).

La concreción y eventuales reformas que requiera el texto dependerá de la política, del Congreso y de las otras instituciones y, a falta de confianza de estas como instancias legítimas para resolver nuestros conflictos, los rumores y suposiciones por mas superfluos y tergiversados que sean, se configuran como una posibilidad tangible, pero que, daña en gran medida las condiciones éticas que necesita la ciudadanía para un debate serio y profundo.