Defensor regional Osvaldo Pizarro por caso Tomás Bravo: "Esperamos que este capítulo se cierre para todos"

Osvaldo Pizarro Quezada, es abogado de la U. Católica de Temuco. Ha ejercido como defensor local en Victoria, Los Ángeles, Talcahuano y desde el año 2012 dirige los destinos de la Defensoria Regional del Biobío. La institución tiene a su cargo la defensa jurídica de los imputados en el sistema procesal penal chileno.

Actualmente en la región del Biobío hay 5 defensorías locales para las 3 provincias de la región, en total son cerca de 60 defensores. En medio de una permanente crisis de institucionalidad, según Osvaldo Pizarro, la Defensoría se mantiene con una valoración alta de la ciudadanía. "La Defensoría en términos generales es un servicio de calidad. En dos oportunidades ha sido premiado como un servicio de excelencia y particularmente en la región del Biobío tenemos altos estándares que cumplimos. Las evaluaciones internas y externas han estimado que en la región tenemos un nivel altísimo de prestación de calidad".

"Hay temor fundado en tránsitar por las rutas de Arauco"

En la Defensoría han puesto especial énfasis de la defensa de los imputados pertenecientes a los pueblos originarios. "Yo creo que hay una percepción de que hay mucha causa, mucho incidente, pero no todas estas causas las tenemos judicializadas porque no hay un imputado determinado. En el Biobío hay en trámite unas 19 mil casuas, de esas hay 500 causas tienen imputado indígena y de esas hay solo 14 causas complejas que están asociadas a conflictos territoriales, hurto de madera, incendios. Por el momento esta carga de trabajo es bastante llevadera".

Donde parece estar el tema más complicado es en la seguridad. Al igual con lo que pasa con fiscales, jueces, las policías y en general cualquier ciudadano es complejo ingresar a la provincia de Arauco y esto ha permeado el trabajo de los defensores: "Nosotros tenemos un problema de accesibilidad y en la circulación. Más allá de defensores, somos personas comunes y corrientes que todos los días necesitamos transitar por esas rutas y evidentemente todos los defensores de la zona y los profesionales que trabajan con ellos tienen un temor fundado de verse envuelto o involucrados en algún incidente".

Caso Tomás: "Si hay un responsable que se persiga, pero el señor Escobar no es"

El caso del Tomás Bravo se acerca indudablemente a las etapas finales del tiempo de investigación otorgado. Ahora es cuando la Fiscalía debe decidir qué hacer, sobreseer la causa, reformalizar a Jorge Escobar (tío abuelo de la víctima) o bien formalizar a otra persona por la responsabilidad en la muerte del pequeño. La causa hoy tiene al menos 25 tomos, vale decir unas 12.500 páginas de declaraciones, informes periciales y policiales. La Defensoría actualmente sigue acumulando antecedentes para la defensa del único imputado: "La Fiscalía alzó el secreto en varias piezas de investigación y la defensoría genera líneas de argumentos para los posibles escenarios. Si esto llega a juicio oral, en la etapa de admisibilidad de las pruebas, podremos analizar esta serie de pericias que según nosotros hemos sostenido que carecen de rigor cientifico y técnico".

En torno a la situación específica de Jorge Escobar, Osvado Pizarro manifestó que "cuesta explicar a la Sociedad las consecuencias de no respetar la presunción de inocencia y los impactos que tiene en una personas al ser incriminada erradamente. Es una persona que está altamente preocupada por su condición porque no sabe lo que va a pasar con él. Vio truncada su vida, es una persona que tuvo que estar escondido pese a ser inocente y esto es muy complejo para una persona. La vivencia que él tiene es altamente compleja, no pudo ni siquiera ir al funeral de su nieto. Ese es un tema que hasta el día de hoy lo perturba".

"Esperamos que este capítulo se cierre para todos. Si hay un responsable real que se persiga, pero el señor Escobar no es responsable. Ni siquiera estamos frente a una figura de abandono", dijo.

Nueva Constitución: va a ser un gran desafío para la Defensoria

La nueva Constitución hace referencia a la Defensoría Penal Pública en sus artículos 373, 374 y 375. Hay dos cuestiones que cambian. Primero se sentencia que la defensoría es un organismo autónomo, al contrario de lo que pasa hoy, donde depende en rigor del Ministerio de Justicia y derechos humanos. Según Pizarro esto, "permite reforzar el estado de Derecho. Es importantísimo pues el Sistema de Justicia es una mesa de tres patas. Está el Poder Judicial autónomo, el Ministerio Público autónomo y la patita coja eramos nosotros y hoy la defensoría va a ser constitucionalmente autónoma. Eso me parece que no hace más que blindar y entregar un elemento democrático de derecho importante".

El proyecto de Carta Magna termina además con la figura de los defensores licitados, lo que será un gran desafío porque en un alto porcentaje las causas son asumidas por abogados externos. "Va a demandar de parte del Estado un desafío presupuestario importante. Deberemos crecer en número de profesionales, vamos a crecer en todos los equipos, en infraestructura y presupuesto", terminó indicando Osvaldo Pizarro.