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Tras la solicitud de 64 parlamentarios, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una comisión investigadora por el robo de madera registrado durante los últimos cuatro años en la Macrozona Sur.

Para sus objetivos, se fiscalizarán los actos del Gobierno relacionados con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Igualmente, el accionar de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, del Servicio de Impuestos Internos y otros entes fiscalizadores. La idea es verificar cómo han reaccionado en materia de prevención, fiscalización y protección de la seguridad y el orden público.

La nueva instancia también indagará sobre las acciones conjuntas de los organismos del Estado para prevenir la prosecución de estos hechos.

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Entre sus consideraciones, las y los 64 solicitantes de la comisión recuerdan que una de las aristas del conflicto en la Macrozona Sur es el robo de madera. Al respecto, se estima que el Estado no se ha hecho cargo de perseguir la cadena de delito. En tal plano, se critica falta de fiscalización y de sanciones reales.

A modo de ejemplo mencionan que el presidente de la Corporación Chilena de la Madera ha señalado que, en lo que va de 2022, se han registrado más de 25 mil camiones con madera robada en la macrozona sur.

La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días. Para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio de la República.

Reacciones de parlamentarios del Biobío

Uno de los impulsores de la iniciativa es el diputado por le Distrito 20, Eric Aedo (DC). El legislador sostuvo que "es necesario que desde la Cámara de Diputados podamos aportar a esclarecer un comercio ilegal que mueve 100 millones de dólares y que además genera violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía".

"Es nuestro deber como Poder del Estado dejar de mirar para el lado como si esto no existiera y realizar acciones concretas (...) es de conocimiento público la existencia a gran escala de este delito y que de acuerdo al gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, representa un volumen de 100 millones de dólares al año", agregó el parlamentario.

Mientras que la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), también firmante de la solicitud, expuso que "vamos a pedir a quienes son los llamados a ejercer y operar el Estado de Derecho en nuestra zona, que es el Poder Ejecutivo, el Gobierno; con Ministerio Público y fiscalías; además de policías, para que se efectúen todos los procedimientos correspondientes para detectar quiénes son quienes están detrás de estos ilícitos, y por lo tanto puedan tener las sanciones que corresponda. Y por supuesto, evitar que esto siga ocurriendo".

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