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“Aquello que se votará el 4 de septiembre, es el texto ya escrito, no las promesas de eventuales soluciones futuras que los feligreses del proceso utilizan para excusarse de aquello que el borrador de texto constitucional -suspicazmente- no aborda o debilita”

La naturaleza social del ser humano no ha sido obra del azar, nuestra carencia de condiciones y atributos físicos, que otras especies en la tierra si poseen -como, por ejemplo, frondosos pelajes para sortear los embates del clima y garras o dientes afilados para cazar el alimento- ha hecho de la vida humana en comunidad y de nuestro intelecto la principal herramienta de sobrevivencia.

En efecto, la vida al interior de una sociedad organizada es una respuesta a la necesidad de seguridad para el hombre, en otras palabras, una garantía de subsistencia. Así entonces, el Estado, como manifestación más sofisticada de organización social, justifica su existencia en la promesa de paz social y la seguridad de sus ciudadanos frente a agresiones ilegítimas externas o de entre sus mismos miembros.

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Teniendo presente que conforme a las últimas encuestas, los temas de seguridad son los que más preocupan a la ciudadanía -por ejemplo la encuesta CEP, que nos indica que conforme a la opinión de la ciudadanía la delincuencia, asaltos y robos son el problema al que el gobierno debería dedicar mayores esfuerzos en solucionar- y que el borrador de Constitución que nos propone la Convención parece ir en el sentido completamente opuesto a esta preocupación, se hace ineludible ver qué nos podría deparar el futuro en estas materias.

Así las cosas, indagando en el borrador de la Convención, nos podemos encontrar con la sustitución de Carabineros de Chile, pues el nuevo texto entrega la custodia de la seguridad y monopolio legítimo de la fuerza a instituciones policiales, no militares, como lo es esta institución.

De hecho, sólo se nombra a Carabineros en una única norma, que faculta a la cámara de Diputados para acusar constitucionalmente a los generales de la entonces fenecida institución.

Adicionalmente, la propuesta de la Convención agrega que las policías “deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza (…)”, pero la aplicación práctica de este principio nos llevaría al absurdo de que -por ejemplo- el Carabinero involucrado en el caso del malabarista de Panguipulli jamás podría haber hecho uso de su arma de servicio frente al ataque recibido con machetes.

Por cuanto el uso del arma de fuego podría interpretarse como desproporcionado en relación al arma blanca, tal como indicaron muchos medios de comunicación y gran parte de los políticos que en ese entonces formaban parte de la oposición al gobierno.

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Por otro lado, la propuesta de la Convención elimina el estado de excepción constitucional de emergencia que, conforme al texto Constitucional vigente, aplica en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación.

En efecto, de aprobarse la propuesta de la Convención ¿cuál será entonces la herramienta para abordar el terrorismo desatado en la Araucanía y la Provincia de Arauco y/o la entrada de inmigrantes ilegales a través de la frontera Norte de nuestro país considerando que la propuesta de la Convención contempla la posibilidad de inmigrar a nuestro país sin mayores requisitos? Cabe recordar que el estado de excepción vigente en la macrozona Sur es precisamente el estado de emergencia.

Sumado a lo anterior, el borrador de texto busca prohibir la tenencia de armas por parte de civiles, aún cuando estos cumplan a cabalidad con la ley de control de armas, coartando a la ciudadanía su legítimo derecho a defensa. Esto, en beneficio de aquellos que utilizan las armas precisamente para delinquir y que, por supuesto, no cumplirán con el mandato constitucional.

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Se debe tener en cuenta que aquello que se votará el 4 de septiembre, es el texto ya escrito, no las promesas de eventuales soluciones futuras que los feligreses del proceso utilizan para excusarse de aquello que el borrador de texto constitucional -suspicazmente- no aborda o debilita.

Todo parece indicar que existe una intención directa, por parte de la Convención y la línea editorial que apoya su propuesta, de desatender la necesidad de seguridad que la ciudadanía requiere y que justifica la existencia del Estado. De prosperar el proceso, más que carta fundamental, será un acta de defunción del Estado.