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Los ataques masivos, generalizados, sistemáticos y selectivos de paramilitares de derecha y agentes estatales contra el partido político de izquierda Unión Patriótica en Colombia dejaron 5.733 personas muertas o desaparecidas en 32 años. Esto lo informó el viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La Unión Patriótica fue blanco de una operación de exterminio con el asesinato selectivo de sus líderes y militantes. La UP es un partido político de izquierda que surgió en 1985 de un diálogo de paz del gobierno del expresidente Belisario Betancur y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),

"De las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente", dijo un informe de la JEP.

"La violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal. Aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas", agregó el informe al revelar que los ataques se produjeron entre 1984 y 2016.

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Los candidatos presidenciales de la UP Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa fueron asesinados en medio de los ataques contra el partido político. También murieron congresistas, concejales y diputados a lo largo y ancho del país.

El informe de la JEP estableció la participación "de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP".

El exterminio de la UP hace parte del conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

Juan Pappier del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, dijo que "este anuncio de la JEP demuestra un notable esfuerzo investigativo para ayudar a reconstruir uno de los capítulos más macabros del conflicto armado en Colombia".

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"Este macrocaso de la JEP debe ayudar a garantizar justicia para las víctimas y a revelar los vínculos entre paramilitares y agentes del Estado colombiano que durante décadas han gozado de impunidad", agregó.

La JEP es parte del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado interno. El trato permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan en la lucha armada.

Las personas que admitan responsabilidad ante la JEP en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad recibirán una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios. Se trata de penas menos severas que las que otorga la justicia ordinaria.

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