Justicia confirmó despido "político" de psicóloga de Coronel y ordenó a autoridad ir a un curso antidiscriminación
El Primer Juzgado de Letras de Coronel acogió la demanda de tutela laboral presentada por la sicóloga Evelyn Arratia, que invocó el despido injustificado en contra de la Municipalidad de Coronel y le ordenó el pago de $12 millones por concepto de indemnización y prestaciones adeudadas a la profesional.
Además, ordenó la realización de un curso sobre no discriminación política, al que deberán asistir obligatoriamente todos los cargos de jefatura.
En el fallo, la magistrada Alejandra Díaz acogió la acción, tras establecer que el despido de la sicóloga, quien se desempeñaba en la escuela Víctor Domingo Silva fue injustificado y que respondió a represalias políticas, vinculadas a la rivalidad entre el esposo de la demandante -exconcejal Gonzalo Osorio- y el alcalde de Coronel, Boris Chamorro.
Lo anterior se graficaba en que la desvinculación ocurrió en mayo de 2021, dos semanas después que Chamorro ganara la reelección.
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El fallo indica que “se puede concluir al menos indiciariamente que el despido de la demandante tuvo por real motivación ejercer un acto de represalia por parte de su empleador, dada la calidad de cónyuge de su oponente. De modo que la desvinculación de la trabajadora se explica por hechos ajenos a los expuestos en la carta de trabajo, en especial la vinculación familiar con una persona que sostenía conflictos de naturaleza política con el Sr. Alcalde”.
La resolución agrega que “tampoco se explica el porqué se contrata transitoriamente a otra psicóloga después del despido de la actora en el mismo establecimiento, según se acredita por el documento exhibido, lo que demuestra que la premura en dar término a dicho contrato no habría sido una decisión lógica, razonable e imperiosa (…) el despido revestía como finalidad privar a la trabajadora de su trabajo por el sólo hecho de mantener un nexo familiar con un contrincante político del alcalde, sin que medie una racionalidad en la decisión adoptada, privándole por tanto de su derecho a no ser discriminada”.
El juzgado ordenó como medida correctiva “la asistencia a un curso sobre no discriminación política de al menos 8 horas de duración, al cual deberán asistir el jefe del servicio y todos los cargos de jefatura de forma obligatoria”.
