Columna de Opinión: No olvidemos a Arauco

Los medios nacionales suelen poner el foco de atención en la región de La Araucanía a la hora de hablar de la violencia en la Macrozona sur, cuando en realidad esta también asola a una parte importante de nuestra región del Biobío. Basta ver el Mapa de la violencia en la Macrozona Sur para constatar que los atentados incendiarios y los ataques armados son pan de cada día en Tirúa, Cañete o Contulmo. Así también, en otras comunas como Lebu, Mulchén, Los Álamos y Arauco vemos graves ataques, aunque con menor frecuencia que en las tres comunas anteriormente señaladas. Entre 2016 y 2020, la Fiscalía Regional del Biobío ha iniciado 314 investigaciones, de las cuales solo un 1% han terminado en condena, un 97,4% fueron cerradas sin culpables y un 1,6% seguían vigentes. 

El abandono en la zona por parte de la clase política es inexplicable sobre todo el que ha venido de parte de la izquierda que nos va a gobernar en cosa de semanas, quienes, en el último tiempo, han dado señales claras de su desconexión con la realidad. Primero, lamentable fue la decisión de la Convención Constitucional de no sesionar en la provincia de Arauco, durante su visita a la región, ocupando la excusa de que no les gustaría ser trasladados con respaldo policial en el contexto de la situación actual. Esto solo confirma lo que no han querido condenar: en la región hay violencia y no existen mecanismos que resguarden la seguridad de los vecinos afectados. Segundo, las víctimas del terrorismo, ante la ausencia de las autoridades electas en la zona, tuvieron que ir a Santiago para solicitar ser escuchados y apoyados en la causa de frenar los actos de violencia en sus comunas, cuando uno esperaría que sean las autoridades las que se acerquen a las víctimas.

Por desgracia, los últimos gestos del entorno del presidente electo no demuestran un cambio en esta lamentable tendencia. Basta ver la inaceptable liviandad con la cual dos futuros ministros de Estado se han aproximado al manejo de la crisis en el sur. Primero fue la futura ministra del Interior, Izkia Siches, quien planteó que: “militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que lo ha incrementado”. Luego vino el turno de quien será el próximo ministro de la SEGPRES, Giorgio Jackson, quien no encontró mejor explicación a los cuatro homicidios de la semana que culpar al propio estado de excepción, señalando que “previamente esto no ocurría”. Un claro caso de confundir causa con correlación.

Los dichos de Izkia Siches son fácilmente refutables si nos apegamos a la evidencia. Desde que se decretó el estado de emergencia se han reducido un 48% los atentados incendiarios y las usurpaciones a un 69%. Sumado a esto, vemos un considerable aumento en las fiscalizaciones que han tenido como resultado más de 140 detenidos. Asimismo, no solo existen números que refutan a la futura ministra de la cartera de seguridad pública, sino que también una ciudadanía que estuvo a favor de una prórroga del estado de emergencia y un Congreso que en seis instancias ha decidido desplegar las herramientas del Estado para brindar seguridad a los miles de familias que viven en las regiones perjudicadas.

Giorgio Jackson, por su parte, con sus declaraciones deja en claro que prefiere explicaciones circunstanciales de los asesinatos antes que identificar a los verdaderos responsables de estos. En este caso, mal se podría culpar al estado de emergencia si ninguno de los homicidios se dio en un contexto de lucha contra Carabineros o FFAA. Las víctimas fueron personas inocentes y desarmadas, proceder cobarde que los terroristas han llevado a la práctica en muchas ocasiones sin importar si se está en un estado de excepción o no. Si queremos luchar seriamente contra el terrorismo, no debemos diluir las responsabilidades de los terroristas, debemos ser claros en culpar y condenar a quienes están detrás de estos actos de violencia, para resguardar los derechos y libertades de todos los chilenos. 

La izquierda a veces se olvida que, detrás de las abstracciones que ellos mismos alimentan desde la capital, existen ciudadanos comunes y corrientes que a diario sufren los atentados terroristas acá en sur. Y es por esta necesidad cotidiana por la que el estado de excepción se justifica, porque el Estado no puede abandonar a su suerte a los ciudadanos incumpliendo uno de sus deberes más esenciales. Es de esperar que, ahora que serán Gobierno, sean capaces de hacer lo que no hicieron cuando fueron oposición o cuando estuvieron en campaña: venir a la zona y estar con las víctimas.