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La Fiscalía solicitó antecedentes en torno al supuesto acuerdo que habría existido entre el gobierno y los camioneros. Ello habría sido para orquestar la movilización en el año 2020.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que solicitó un informe a fin de establecer la existencia de un delito, enmarcado en la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Lo anterior por la acusación que hizo Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC). Apuntó a que el Gobierno habría pedido a los camioneros paralizar en 2020 para aprobar la Ley Juan Barrios.

Referente a ello, Abbott detalló que se solicitó el documento a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional. Incluso, indicó que es posible que "exista algún tipo penal en la ley de seguridad interior del Estado".

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No obstante, fue enfático en decir que no se puede abrir una investigación de oficio a raíz de ello, ya que "quien tiene el ejercicio de la acción penal en esa materia es el supremo gobierno, no el Ministerio Público".

Eso sí, recalcó en que se puede indagar si del informe sale una "denuncia de esa naturaleza que amerita que podamos abrir una investigación sobre un delito común".

Finalmente, sostuvo que lo ocurrido "sí podría ser un delito que esté incluido en la ley de seguridad interior del Estado". Por ello expresó que espera contar con el informe lo antes posible y así evaluar una eventual investigación.

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