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Este lunes la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia de Judicial (CAJ) entre las regiones de Ñuble y Aysén inició un paro indefinido. El motivo de la movilización se debe a nueve despidos de directivos el pasado viernes, acción que según indican, tendría como único objetivo dejar amarrados cargos titulares con personas adherentes al actual Gobierno.

Así las cosas, los funcionarios advirtieron que de no haber una pronta reincorporación de los trabajadores despedidos, radicalizarán la protesta.

El presidente de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia, Marcelo Inostroza, explicó que están llanos a conversar, pero aseguró que el Director de la CAJ no entabla relaciones con los trabajadores.

"Una reestructuración no tiene por que significar el despido. Es perder la expertiz de esta gente de un día para otro para instalar gente que no tiene ninguna experiencia. Aquí hay otro elemento, yo creo que lo más probable es que aquí se organicen concursos públicos exprés para tener gente nueva, con ningún mérito, porque poneos en duda esos concursos, para poder reemplazar a las personas que se van", dijo Inostroza.

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"Perfectamente estas personas pudieron haberse capacitado e insertado en otras áreas y no dejar a la deriva a la Corporación. Una reestructuración debió haberse conversado, pero aquí no hubo ninguna señal, esto no es más que una venganza del Director General. Esto es una vendetta del Director y lo que quiere es instalar otras personas", complementó.

En tanto, la presidenta de Asociación de Funcionarios de la CAJ Biobío, María Francisca Vilches, expuso que "estos despidos se producen a dos meses del cambio de Gobierno. Se habla de que se va a hacer una restructuración integral a dos meses del cambio de Gobierno. O sea, lo que no se hizo durante estos últimos 4 años pretende hacerse en estos dos meses".

"Estamos hablando de que existen dos supuestas reestructuraciones paralelas, en las cuales ni la Corporación, ni el Ministerio de Justicia han logrado ponerse de acuerdo. Por lo tanto, además de ser arbitrarias, abusivas e injustificadas, son inoportunas y descontextualizadas de lo que el propio Gobierno ha pretendido instalar como su objetivo para l Corporación de Asistencia Judicial", agregó.

Los funcionarios movilizados, aseguraron que hay turnos éticos para atender a los usuarios; sin embargo, sostuvieron que si no hay respuesta del Director General, paralizaran la totalidad de las labores.

Respuesta del Director General

Gonzalo Contreras, director general de la CAJ Biobío, lamentó la movilización y aseguró que las acusaciones de los funcionarios son infundadas. Arguyó que las desvinculaciones se tomaron oportunamente y con ocasión de irregularidades de gestión detectadas por Contraloría.

"La decisión no tiene ninguna finalidad política, sino que avanzar en un proceso de modernización. Quiero destacar que este es un paso más a un proceso de modernización que ya comenzó el año 2019, que primero puso de relieve toda la necesidad de fortalecer la institucionalidad, los soportes en materia de infraestructura e informática; para luego dar paso a una mejora y reestructuración de la Dirección General", sostuvo.

"Estamos seguros de que vamos a dar continuidad al servicio, porque esa es nuestra misión y obligación. Nosotros tenemos que garantizar dar seguridad y solución a los problemas jurídicos de las personas (...) El servicio necesita esta modernización", cerró.

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