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La Contraloría General de la República ordenó el término de los contratos a honorarios de funcionarios públicos, es decir bajo la administración del Estado y deberán ser contratados gradualmente.

A través de un dictamen, el contralor Jorge Bermúdez, detalló que el origen de la modalidad a honorarios fue para contratar a expertos que colaboraran con la administración pública bajo el supuesto de que no estaban presentes dentro de los “funcionarios que prestaban servicios de manera habitual en la institución".

Sin embargo, sostuvo que la situación de los contratados a honorarios por el Estado enfrentó cambios con el tiempo.

"Se han traducido en una precarización de la condición de quienes sirven en dicha calidad jurídica, al tenor de una normativa que no ha sido actualizada frente a una realidad que ha variado", agregó.

El organismo apuntó a que se acude a las contrataciones de personal a honorarios en vez de aumentar la dotación de funcionarios.

“Dichas contrataciones constituyen una figura precaria y en la mayoría terminan por extenderse, por lo que la persona contratada se torna en un servidor permanente. Pero sujeto a un régimen jurídico más desventajoso que el resto", aseguró.

Contraloría precisó que los trabajadores estatales a honorarios no tienen la calidad de funcionario público. Por lo que carecen de los derechos y las asignaciones que la ley reconoce.

Se suma que sus remuneraciones carecen de referencia obligatoria a una escala objetiva o equiparable a quienes ejercen tareas similares.

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A raíz de lo anterior, se dictaminó que la modalidad a honorarios solo podrá utilizarse para la contratación de asesorías específicas, funciones en gabinetes y otras situaciones excepcionales.

Dicho criterio se aplicará a las nuevas contrataciones que no tenían un contrato a honorarios vigente al 31 de diciembre de 2021.

Por último, se indicó que "los funcionarios a honorarios que cuenten con al menos dos renovaciones al 31 de diciembre de 2022 deberán traspasarse a contrata".

Respecto a los que tengan menos que este tiempo, será el jefe del servicio quien decida si realizar o no el traspaso. La normativa se espera que se aplique a cabalidad en 2023.

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