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El abogado querellante, Remberto Valdés, anunció que denunciarán al Estado de Chile. Ello por lo que ha vivido la familia de Mauricio Sepúlveda Santelices tras la toma ilegal del Fundo Los Ajos en Tirúa. El Estado, según apunta el abogado, no ha cumplido y los perjuicios morales adeudados a la familia ascienden los $14 mil millones de pesos.

Conforme datan los hechos, el caso que afecta a la familia Sepúlveda empezó hace casi 30 años, precisamente en enero de 1993, con la ocupación ilegal de 450 hectáreas. Y que se llevó a la justicia para recuperar sus legítimos derechos.

Fue en marzo del 2016, cuando el Juzgado de Letras de Cañete emitió una orden de desalojo del predio ocupado Aquello se informó a las comunidades que vivían en el Fundo Los Ajos. Sin embargo, no se concretó.

Por su parte, el abogado querellante, Remberto Valdés, sostuvo que a raíz de la demora en la entrega del predio y la pasividad de Tribunales, la familia ha tenido que soportar actos que atentan no sólo contra su legítimo derecho a su propiedad. También su integridad física y psicológica.

Al respecto, explicó que "la justicia se ha demorado casi 30 años en cumplir con su deber. Y el Estado de Chile no ha sido exitoso".

"La familia ha tenido que interponer una docena de querellas criminales y el Estado no ha sido capaz de desalojar a delincuentes profesionales. Los perjuicios morales que se le adeudan a la familia Sepúlveda ascienden a $14 mil millones de pesos", agregó.

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El denunciante, Mauricio Sepúlveda Santelices, aclaró que el caso "no tiene absolutamente nada que ver con la causa de reivindicaciones de tierras mapuches, es un tema netamente judicial".

"En una situación que comienza en 1993 abarcando tres generaciones desde mi abuelo. Y que desde 2015 estamos esperando el desalojo sin respuesta por parte de la justicia", añadió.

Por último, el abogado Remberto Valdés comparó la situación de la familia Sepúlveda con el caso Luchsinger-Mackay. "Este es un ejemplo de las miles de familias chilenas que pasan por la misma situación de terrorismo y de delincuencia, desamparadas por el Estado de Chile", dijo.

En ese sentido, adelantó que en los próximos meses no descartarán denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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