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Una denuncia en el Juzgado de Garantía de Concepción y un sumario interno son parte de las acciones que la Municipalidad de Concepción, a través de su equipo jurídico, realiza para esclarecer la entrega de credenciales a comerciantes ambulantes no autorizados. La gran presencia de vendedores en la calle, ha causado impacto en el centro de la capital penquista.  

“Hemos iniciado distintas acciones con el objetivo de determinar responsabilidades. Una arista de carácter penal. Por lo tanto, pusimos a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes para determinar responsabilidades de personas naturales y por otra parte, una arista interna, mediante el inicio de un sumario administrativo, para determinar responsabilidades de un hecho que raya la ilegalidad, porque se están tomando competencias y facultades que están radicadas fundamentalmente en el ejecutivo del gobierno comunal” manifestó el administrador municipal, Aldo Mardones Alarcón.


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Desde el municipio se indicó que se trataría de una eventual usurpación de funciones, dado que el municipio penquista entrega, a quienes son autorizados a vender en la vía pública, un documento oficial con otro formato y timbrado por el alcalde.

“El municipio a través de un documento específico, a través de una resolución alcaldicia, determina esta facultad de poder ejercer el comercio en la vía pública. Es el alcalde quien tiene la facultad por Ley. Por lo tanto, cualquier otra persona que ejecute una autorización fuera de la norma incurre en una responsabilidad al menos administrativa, sin perjuicio de la arista penal que se va a exigir” agregó Mardones.

Concejales

Pacheco y las concejalas Andrea de la Barra y Valentina Pávez, hace algunos días también ingresaron un oficio para que se aclare la entrega de credenciales. Dicho documento tiene el timbre del Concejo Municipal, pese a que dicha facultad recae exclusivamente en el alcalde.

Cabe recordar que, como administradores del Bien Nacional de uso público, los permisos que otorga el municipio para vender en la vía pública están amparados en solicitudes de carácter social o de personas en situación de discapacidad, por lo tanto existe un procedimiento regulado y claramente establecido desde la institución pública.

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