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Se ha instalado durante la campaña electoral una política instrumental que ha servido para la formulación de etiquetas y consignas que instalan la agenda de seguridad y la condena de la violencia en un solo sector político.

Un ejemplo de aquello son las declaraciones del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien ha responsabilizado a las candidaturas de Provoste y Boric de los hechos de violencia que han ocurrido en nuestro país.

Otra vinculación de las etiquetas violencia/izquierda y seguridad/derecha se pueden observar con claridad en el suceso ocurrido tras la publicación de un video documental que apuntan a los candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric como incitadores de la violencia en el contexto del estallido social. Este video habría sido orquestado directamente por funcionarios del Gobierno que vinculan directamente al director de Comunicaciones de la Segegob, Juan José Bruna.

El documental publicado en internet por el sitio web violenciaymentiras.cl utiliza los hashtags de #VotaPorLaPaz y contiene afirmaciones que invalidan y denuncian al adversario político de izquierda señalando que el caos del estallido social sería funcional para los colores políticos más radicales que históricamente han validado la violencia como un método de presión a la autoridad vigente y democráticamente elegida.

Cabe señalar que este video documental fue compartido por Cristian Larroulet, jefe de asesores de la Moneda y el candidato presidencial Jose Antonio Kast, así como también cuentas de redes sociales afines a la candidatura de Sebastián Sichel, quienes fueron responsables, por tanto, de su viralización.

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La validación de la violencia que hace mención este documental tiene como pruebas para su justificación el proyecto de Ley de Indulto y una declaración del candidato Gabriel Boric en Twitter respaldando el uso de barricadas como mecanismo de resistencia ante la represión policial. Este mismo tuit fue utilizado por el candidato Sebastián Sichel en el último debate presidencial para reafirmar esta etiqueta de violencia/izquierda y seguridad/derecha. 

Los hechos que relatan y comparten los personeros del espectro político más conservador de nuestra sociedad ¿Son tan contundentes como para afirmar que la oposición política actual quiere que exista violencia en las calles y se produzca daño a la propiedad privada? Han asegurado que la gobernabilidad no es posible en los gobiernos de centro izquierda ni de izquierda justamente por esta falta de claridad con respecto a la condena del desorden socialy la delincuencia ¿Esa hipótesis confirma el deseo de Gabriel Boric y Yasna Provoste de que esta violencia permanezca en el tiempo inclusive si salen electos?

Esta construcción discursiva que monopoliza el orden a solo ciertas personas y sectores, los cuales serían capaces de garantizar la seguridad, solo desvirtúa la esencia de la política. La violencia y la seguridad se convierten en palabras instrumentalizadas que en vez de enriquecer el debate y propender al consenso, solo son utilizadas para elaborar representaciones en las que el “otro” es nocivo para la democracia y la sociedad.

Ad portas a las elecciones presidenciales, debería preocuparnos tener la capacidad de identificar a quienes son los que se empeñan en cultivar relaciones venenosas con sus adversarios ya que, en aquella misión, solo se pueden desprender intereses personalistas/electorales, que niegan conocer los reales factores de riesgo que inciden en la inseguridad y la delincuencia.

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Son estas acciones políticas de propaganda que buscan sacar el máximo provecho de la sensación de inseguridad de los electores sin demostrar evidencia alguna sobre políticas públicas que hayan funcionado y efectivamente disminuido los índices de violencia en nuestro país.

Es mucho más fácil para un determinado sector apuntar a los “otros” como culpables e incitadores de la violencia que reconocer el fracaso de las políticas de seguridad.  Así como también es mucho más fácil para un candidato simplificar el fenómeno de la violencia que reconocer que en cuatro años no va a lograr realizar cambios sustanciales que garanticen la paz social deseada.

Las causas multidimensionales de la violencia han sido profundamente estudiadas y son utilizadas como insumos para las políticas públicas; la pobreza y marginación, la infraestructura precaria, la deserción escolar, el consumo de sustancias nocivas, el capital social debilitado y participación ciudadana incipiente, los entornos de ilegalidad, entre otros. La desigualdad es un factor que está estrechamente relacionado con el crimen y la violencia.

El reconocimiento estructural de la violencia es una tarea compleja y que debe ser reconocida por los actores políticos. Recordemos que el propio presidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido social pidió perdón y reconoció que los distintos gobiernos incluyendo el suyo, no fueron capaces de reconocer la magnitud del problema.

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Sin embargo, ese reconocimiento se ha desmoronado y desechado, quedando la autocrítica atrás para dar comienzo a una arremetida de etiquetas que colocan a la oposición como actores nocivos incapaces de garantizar el orden.

El estallido social en Chile ha puesto en evidencia que existen personas que están dispuestas a cometer delitos en contexto de manifestaciones pacíficas o en situaciones como las de emergencia en el terremoto 27F donde se produjeron múltiples saqueos y una profunda inseguridad ciudadana.

Se debe avanzar en materia de seguridad ciudadana más allá de las etiquetas. Se requiere de forma urgente que existan líderes que reconozcan la estructuralidad de los fenómenos sociales y que encausen las voluntades hacia políticas que permitan el pleno goce de los derechos fundamentales.

Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de www.sabes.cl El Diario Digital del Gran Concepción.

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