Gremios empresariales del Biobío condenan colusión de transportes de valores

Los gremios empresariales de la Región del Biobío reaccionaron en torno a la denuncia que hizo la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que acusó a las empresas Brinks, Prosegur y Loomis, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Lo que denunció, en concreto, es que las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y sus principales ejecutivos llegaron a un acuerdo para fijar los precios entre el 2017 y 2018.

Desde la CPC (Camara de la Producción y del Comercio) Biobío, el presidente Alvaro Ananías, manifestó que "como gremio representante del sector empresarial rechazamos categóricamente todo acto que vaya en contra de la libre competencia y la transparencia en el actuar de las compañías".

"Cada vez que se detectan malas prácticas que se logran establecer y comprobar, es imprescindible dilucidar a los responsables de estos actos. A efectos de aplicar las sanciones que corresponden", agregó.

Luego, apuntó a que dichos comportamientos "dañan profundamente el accionar del sector empresarial en su conjunto, los nuevos emprendimientos y emprendedores, a nuestra sociedad y a todo el país. Y debilitan a nuestras instituciones".

"Pero finalmente, y por sobre todo, son acciones que impactan negativamente el bienestar de personas, colaboradores y la comunidad", cerró el presidente de CPC Biobío.

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Por su parte, desde Irade -Instituto Regional de Administración de Empresas- Biobío, la gerenta general, Carolina Parada, expresó que "como organismo que promueve las buenas prácticas, estamos totalmente en desacuerdo con este tipo de conductas. Que de comprobarse, atentan contra la libertad y la libre competencia. Valores que son inherentes al quehacer empresarial".

"La colusión, además de generar grandes daños económicos, también erosiona la confianza de los ciudadanos en las empresas, instituciones y autoridades. En momentos que es tan necesario fortalecer el tejido social de nuestro país", complementó.

Finalmente, enfatizó en que entienden "a la empresa como un actor social relevante. Y es responsabilidad de todos quienes trabajamos en el mundo privado, respetar los principios éticos en toda nuestra cadena de valor. Por lo que esperamos que las instituciones funcionen adecuadamente para la debida investigación y justicia".