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El senador por el Biobío, Alejandro Navarro y el Core Javier Sandoval, buscan anular el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC).

Por su parte, Alejandro Navarro, realizó una apelación a la Corte Suprema por la falta de consulta indígena en el proceso.

"Vamos a luchar hasta el final. Y la Corte Suprema ha acogido nuestra apelación para dejar sin efecto un Plan Regulador Metropolitano que solo beneficia a las forestales e inmobiliarias", indicó.

De hecho, explicó que en las comunas integradas en el plan regulador, "viven más de 90 mil personas pertenecientes a los pueblos originarios, representando el 15% de los hogares del Gran Concepción". Quienes se verían afectados con la continuidad de éste.

Dentro de ellas, estarían las comunidades Lafkén Palife de San Pedro de la Paz, Aukinko Wallmapu de Concepción, Nehuen Tuín Pu Peñi y Waj Mapu de Hualpén, o Koñintu Lakfen Mapu de Penco, entre muchas otras.

"Esperamos que en el caso del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, se utilice la jurisprudencia y por tanto se rehaga bajo la Consulta Indígena y con verdadera participación ciudadana, lo que significará sin duda un nuevo proyecto, pues es claro que el que hoy existe es una amenaza a la ciudad, al medioambiente y a las personas, por lo que parafraseando a Manuel Rodríguez, le recordamos a todos los penquistas que ¡aun tenemos patria", cerró.

PRMC a Contraloría

En esta misma línea, el Concejero Regional, Javier Sandoval, acudió a Contraloría junto al abogado Esteban Arévalo. Ambos argumentaron la inhabilidad de dos Cores por su relación y vínculo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu.

"Detectamos un sin numero de irregularidades en este proceso, de las cuales no quiso dar cuenta el Concejo Regional del Biobío en su mayoría", indicó.

Sobre este supuesto conflicto de interés, entregó más detalles el abogado redactor de la presentación, Esteban Arévalo.

"Este proceso está repleto de vicios (...) No se realizó la consulta indígena, eso se está tramitando en la Corte Suprema y esperamos haya una respuesta favorable", señaló. Asimismo, recalcó que acudieron a Contraloría, porque "personas que tienen conflicto de intereses creados, van y votan por proyectos que los afectan o los pueden beneficiar".

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Al respecto, fue enfático en decir que "esto viola el principio de probidad administrativa y es por eso que venimos a hacer la denuncia a Contraloría, para que se pronuncie y anule esta votación viciada".

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