Continúan reacciones de parlamentarios del Biobío por acusación constitucional contra Piñera
La eventual acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera toma fuerza ante lo sucedido con la compraventa de la Minera Dominga. Luego de que se expusieran los antecedentes del caso Pandora Papers, que involucran al Mandatario, un sector político busca una sanción legislativa.
El diputado Manuel Monsalve (PS) expuso que debería ser incompatible que alguien que cumpla una función pública relevante, ejecute negocios en paraísos fiscales.
"En los paraísos fiscales se evade y se eluden los impuestos. Se hacen negocios ocultos, que no pueden ser conocidos por la opinión pública. Además no se pregunta por el origen del dinero", complementó el Parlamentario.
Así las cosas, Monsalve sostuvo que "no cabe duda que la acusación constitucional va a ser presentada. El elemento central que la fundamenta es la falta a la probidad (...) Es muy difícil pensar que el Presidente no sabía el negocio que estaban haciendo sus hijos con su mejor amigo. En la Cámara se requiere mayoría absoluta, es decir 78 votos. Yo creo que la oposición puede lograrlos, por lo tanto hay una posibilidad de ser aprobada en la Cámara de Diputados. El escenario es mucho más difícil en el Senado, donde se requieren 2/3 y la oposición no cuenta con esos 2/3", cerró.
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Por su parte, la diputada Joanna Pérez (DC) indicó que hay antecedentes muy delicados para presentar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera.
"Ya es una manera recurrente del Presidente, que tiene hechos, acciones u omisiones, que demuestra que está más preocupado de sus negocios y de los intereses patrimoniales, por sobre los intereses del país. Es lamentable lo que se ha conocido. Por tanto, no nos queda más que trabajar seria y responsablemente en esta acusación", dijo la diputada Pérez.
De acuerdo con su análisis, aquí está en juego la credibilidad del país. "Mayoritariamente como Bancada hemos acordado respaldar esta acusación; trabajar en ella y presentarla en los próximos días", añadió.
Desde la mirada ecologista, el diputado Félix González (PEV) se mostró indignado por las revelaciones que sustentan lo que a su parecer son gobiernos pro empresarios, que desencadenan en conflictos medioambientales.
"Aquí hay algo que claramente va contra las leyes. Hay tráfico de influencias. Hay una utilización del cargo para cumplir el contrato. Porque este contrato que firmó la familia Piñera con el mejor amigo del Presidente, que es el señor Délano, en Islas Vírgenes Británicas además, en donde hay una cláusula de pago que está condicionado a que el Gobierno no firme el decreto para proteger la zona del pingüino de Humboldt, cosa que el Presidente de la República cumple de ese contrato", apuntó el diputado González.
"Entonces no es cierto que sean hechos conocidos -como sostiene el Mandatario-, por algo hay un escándalo internacional; porque es información nueva sobre este contrato en particular (...) Al día de hoy, siendo Presidente de la República está utilizando su cargo para frenar la declaratoria de reserva marina protegida, y acelera los premisos del proyecto que él vendió. Por lo tanto, está todavía utilizando su cargo para privilegiar los negocios del proyecto que le vendieron al señor Délano. Entonces esto amerita la acusación constitucional y amerita la destitución", concluyó.
Opinión de parlamentarios oficialistas
Mientras que el diputado Iván Norambuena (UDI) enfatizó que los hechos revelados por la investigación periodística se deben aclarar.
"Si es comisión investigadora, si es acusación constitucional, si es el Ministerio Público, cada uno de ellos y de esas instancias deben cumplir un rol, hacer su papel. El Presidente de la República debe aclarar la situación. Lo que también hemos sostenido, es que ojalá no estemos frente a un hecho en que el Presidente de la República se transforme en un cómplice pasivo de los negocios familiares, que es lo que al menos se está denunciando", arguyó el diputado Norambuena.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI), se refirió a si existirá un apoyo por parte suya a la acusación constitucional alzada contra el presidente. Lo anterior puesto que su bloque le entregó libertad para los votos.
En ese sentido, dijo que "yo creo que esa libertad tiene que tener relación con ciertas lealtades que uno debe tener con el conglomerado que uno pertenece".
"En lo personal yo no estaré de acuerdo con una acusación en contra del presidente. Si deben hacerse todas las investigaciones necesarias para tener transparencia y claridad respecto a esta situación. Perro de ahí a llegar a una acusación constitucional yo no lo comparto", recalcó.
Bajo esa línea, indicó que hay instancias que se pueden implementar, por ejemplo una interpelación. Pero no llegar al extremo de querer destituir al Presidente de la República.
"Creo que sería un muy mal precedente que Chile entre a este círculo de países que van cambiando sus presidentes de la noche a la mañana", puntualizó.
Implicancias políticas
Para el cientista político y académico en la Universidad San Sebastián, Lucas Serrano, esta acusación trae consigo consecuencias políticas en medio de un periodo de inestabilidad del Ejecutivo.
"Implicancias tiene y sobre todo a nivel político. Viene a desordenarle los últimos meses al Gobierno. Un Gobierno que le ha costado mucho estabilizarse, sobre todo después de lo que fue el 2019; ahora que vamos a cumplir dos años desde el estallido social. Ciertamente la pandemia con todos los males que ha traído, ha permitido recuperar quizás un poco ese orden público. Los Pandora Papers va a generarle un espacio de presión con una acusación constitucional", explicó Serrano.
"En esta oportunidad parece tener más personas que están a favor de la acusación, y personas que tampoco tienen muchas ganas de salir a defender al Presidente. Sobre todo por el contexto político, por la elección, por las candidaturas de Sichel y Kast que tampoco quieren verse golpeadas por los efectos que pudiesen traer los Pandora Papers. Entonces, va ser un punto de discordia, donde podríamos encontrarnos con un proceso de acusación constitucional muy intenso mientras estemos en un cierre del proceso electoral. Puede condicionar bastante los pocos meses que le queda al Gobierno", planteó en su análisis el académico.
