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El debate de fondo de la Constitución se ha adelantado en la opinión pública a causa de las declaraciones del Presidente de la República hace unos días atrás respecto de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. El tema se volvió a abordar el domingo por el Arzobispo Celestino Aós quien señaló que la libertad de enseñanza es un valor no negociable.

Así mismo lo hizo el Ministro de Educación Raúl Figueroa, quien afirmó que la libertad de enseñanza es necesaria para construir una sociedad libre y diversa.

Todo esto a raíz de una discusión que se dio en la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente al rechazar una indicación que intentaba proponer la libertad de enseñanza como un tema a tratar en la eventual comisión permanente de Derechos Fundamentales del órgano constituyente. Esta indicación, entre otras, se rechazaron porque muchas no estaban acorde a la discusión del reglamento o eran redundantes.

Sin embargo, y así coinciden los miembros convencionales de manera transversal, que el rechazo de esta indicación no significa que este tema esté zanjado en lo absoluto, porque ni siquiera se ha comenzado a discutir. Recordemos que la Convención Constituyente aún no discute el articulado de la Nueva Constitución. Es decir, la nueva constitución aún no tiene ninguna letra puesta. 

Por lo tanto, esta discusión se está dando de forma apresurada y se están sacando conclusiones que no corresponden. 

Pero lo cierto es que, en el debate que se viene próximamente en la Convención, este tema si se va a abordar, la educación se va a colocar sobre la mesa. En esto podemos estar de acuerdo, la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y es materia constitucional. 

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Podemos ya adelantar que a partir de las reacciones políticas de estos días, este tema sin duda será complejo de zanjar y los motivos son más que reales, artificiales.

Los derechos humanos y ciertos principios que aseguran el pluralismo, tal como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e hijas, están reconocidos en los tratados internacionales y la Convención Constituyente no los puede transgredir.

Los actores políticos (el presidente, el ministro y la iglesia, entre otros) no están actuando como guardianes de los tratados internacionales sino incentivando un debate mal intencionado toda vez que tienden a “sobre ideologizar” la libertad de enseñanza al punto de pensar que este principio está por sobre el derecho a la educación. Sin embargo, ningún derecho humano existe para coartar a otro, sino de buscar los equilibrios para que todos puedan coexistir de forma armónica.  

La libertad de enseñanza y el derecho preferencial de los padres a educar a sus hijos deben ser un complemento que nutre nuestra educación y sociedad, la cual se debe reconocer a sí misma como respetuosa y diversa. Lamentablemente, esto en Chile no ha ocurrido, porque se han desfigurado ambos preceptos.

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Aprovechando que el derecho a la educación no está reconocido en nuestra Constitución, a diferencia de la libertad de enseñanza que, si está consagrada, es que se ha desmantelado por años la educación pública, entregando sistemáticamente por parte del estado cuantiosos recursos a proyectos educativos particulares que no son otra cosa que negocios, donde se ha permitido el lucro camuflado y otros no tan camuflados, lo que no ha contribuido a la calidad de la educación ni a su inclusividad. Como consecuencia, tenemos una distancia cada vez mayor entre las clases sociales de nuestro país. Una educación cada vez más segregada. Tenemos una educación buena para ricos y educación mala para pobres y una regular para los endeudados estratos medios.

Bajo el paragua de la libertad de enseñanza se ha justificado que los establecimientos tengan el poder de juzgar a los estudiantes y de elegirlos, aumentando esta segregación, ya no solamente a nivel económico, sino que también en un nivel intelectual y emocional.

Bajo este mismo paragua de la libertad de enseñanza hace no muchos años atrás estaba permitido expulsar a las estudiantes que se embarazaban. El 95% de las madres adolescentes no continuaban sus estudios y esto fue defendido por el sector conservador de nuestro país y también avalado por la iglesia, los cuales señalaban que ninguna ley podría impedir el acto legítimo de expulsar a una estudiante embarazada, porque eso iría en contra de la “libertad del proyecto educativo”.

Los grupos empresariales y la iglesia están escondiendo sus verdaderos intereses y están utilizando el derecho fundamental de la libertad de enseñanza como un instrumento ideologizado para poder lucrar e imponer valores a la fuerza, en una sociedad laica y que busca ser más justa e igualitaria.

La diversidad de género

Los padres tenemos el derecho preferencial de educar a nuestros hijos e hijas y tenemos el derecho de elegir un proyecto educativo acorde a nuestras necesidades, pero esta libertad no se puede ejercer si tenemos establecimientos que lucran, que discriminan y que condicionan a nuestro bolsillo la calidad que merecen nuestros hijos de educarse bien.

Esto no es cuestión de bolsillo, sino de voluntad de realizar reformas importantes y políticas públicas de calidad que trasciendan la mirada cortoplacista.

Existen países (con similar PIB) donde la educación de calidad es gratuita para todos, estudiantes ricos y pobres que son capaces de hablar 3 idiomas antes de terminar la educación secundaria ¿Por qué en Chile no?

La libertad de enseñanza es un derecho que debiese complementar y enriquecer nuestra sociedad, no es un principio de mercado y no debe estar al servicio ni de las iglesias ni de los empresarios. En Chile nuestras autoridades han entendido mal.

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