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La Corte Suprema resolvió adoptar medidas de seguridad especiales para jueces y funcionarios, y también para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete; el Juzgado de Letras y el Juzgado de Garantía también de la comuna cañetina, en la Provincia de Arauco. La decisión se debe a lo hechos de violencia que se han registrado en la zona

Dentro de las principales medidas adoptadas para los tribunales se desprende el seguir trabajando solo de manera telemática.

El máximo tribunal del país determinó también que la Corte de Apelaciones de Concepción, como tribunal de alzada, tiene que tomar medidas para resguardar la continuidad del servicio, "debiendo velar en todo momento por la seguridad de quienes se desempeñan y de quienes concurren a los tribunales aludidos".

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Las medidas se adoptaron luego de recibir una presentación de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud) y un informe elaborado por el ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Concepción, Arturo Prado Puga.

Entre las disposiciones se pormenoriza:

1.- Mantener el trabajo telemático, como regla general, en todos los tribunales de la zona afectada.

2.- Remitir los antecedentes a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para estudiar la posibilidad de entregar un bono de asignación por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda) durante el desempeño de las funciones judiciales.

3.- Oficiar al General Director de Carabineros de Chile y al Director la Policía de Investigaciones de Chile, para que dispongan las medidas necesarias para que las prefecturas de Carabineros y unidades de la PDI de la zona, en atención a los sucesos vividos en los tribunales de la comuna de Cañete, otorguen el debido resguardo a sus accesos y dependencias.

4.- Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, dando a conocer los hechos que han afectado a quienes se desempeñan en las unidades judiciales, a los inmuebles institucionales y a los de carácter particular en que residen las personas que trabajan en los tribunales afectados, para los fines a que haya lugar.

5.- Conformar una mesa de trabajo, presidida por el ministro señor Arturo Prado Puga, e integrada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las Asociaciones Gremiales del Poder Judicial, con la finalidad de abordar de manera conjunta la situación de inseguridad descrita y buscar soluciones colaborativas.

6.- La Corte de Apelaciones de Concepción tomará las medidas pertinentes para resguardar la continuidad del servicio, debiendo velar en todo momento por la seguridad de quienes se desempeñan y de quienes concurren a los tribunales aludidos.

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