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Vecinos del sector de Rafael llegaron hasta la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente para pedir la caducidad del proyecto de instalación de un vertedero llamado Centro Integral de Tratamiento Curaco Alto. 

Este proyecto es de la empresa Hera Biobío S.A, cuya resolución se efectuó en el 2001. Lo que se busca es que se constaten los requisitos legales para declarar la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental.

Humberto Belmar, vocero de la mesa de trabajo de Rafael, indicó que concurrieron con “el objetivo de extirpar de raíz este proyecto que se ha estado tramitando solo en papel desde el 2001 hasta el 2021 sin haber hecho ninguna ejecución de obra”. 

En ese sentido, dijo que “es un proyecto invasivo y un crimen ecológico, ya que se pretende instalar un vertedero en la cuenca hidrográfica que da vida al río Rafael”. 

El temor radica en que serán nueve las comunidades que se verán afectadas, entre ellas Rafael, Dichato, San Francisco y Pingueral. 

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Por su parte, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, ingresó un escrito para que la Superintendencia tramite la caducidad del vertedero. 

Lo anterior con el fin de solicitar la caducidad del permiso ambiental del vertedero que se quiere instalar en Rafael, ya que "es un proyecto que tiene uno antiguo y, por lo tanto, lo que corresponde es que se caduque”, manifestó.

En tanto, el Jefe Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Juan Pablo Granzow, aclaró en qué se encuentran con la situación del vertedero. 

“Lo estamos viendo hace un tiempo de oficio y hemos estado revisando lo que está ocurriendo, por un lado las preocupaciones y por otro, en qué estado legal se encuentra realmente”, señaló.

Respecto a la caducidad, Granzow explicó que “por ser del 2001, no es una situación que ocurra de forma automática, ya que se realiza mediante un acto del mismo servicio de evaluación que la revoca”. 

Detalló el caso en particular y señaló que “entre 2015-2016 el titular de este proyecto entregó antecedentes al servicio de evaluación de la dirección ejecutiva en Santiago”. 

Sin embargo, precisó que la dirección ejecutiva del CEA no les consultó ningún antecedente y determinó en el 2016 que la resolución se encontraba en ejecución. 

Actualmente, la Superintendencia se encuentra en investigación respecto a este hecho en particular, según lo señaló Granzow.

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