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Este domingo 13 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta en 13 de las 16 regiones de Chile, donde finalmente conoceremos a los gobernadores que tendrán la misión de representar las realidades e intereses regionales. Esperemos que los electos desempeñen esta tarea con gran compromiso local y no se terminen convirtiendo en mensajeros de lo que se decida en Santiago, de lo contrario, estaríamos dando paso a que estos nuevos cargos no tengan injerencia significativa en las decisiones sobre sus propias regiones.  

La promesa de descentralizar nuestro país ha venido existiendo desde hace más de tres décadas. Ha sido propuesta desde distintos conglomerados políticos, y aún no hemos visto una descentralización en serio. Se espera dar un gran paso en esta materia con las elecciones de los gobernadores y el rol que cumpliría la Convención Constitucional.

El proceso de descentralización es un gran desafío, no sólo político al tener que elegir a un representante con atribuciones importantes, sino que también cultural. La historia de nuestro país nos muestra que estamos acostumbrados a que las decisiones se concentren en una figura central, y esta costumbre centralista será uno de los grandes asuntos que debemos trabajar y superar como sociedad. Para avanzar en una descentralización real debemos generar un marco de reglas y principios que contribuyan a que estos cambios, político y cultural, sean posibles.

Vale destacar que Chile, junto a Irlanda y Grecia, es de los países mas centralizados de la OCDE. Uno de los temas que abordará la Convención Constitucional, precisamente, será la descentralización, y cabe mencionar que es uno de los pocos asuntos en los que existe consenso previo entre los convencionales electos. Ahora, si la Convención quiere debatir en serio la descentralización, es importante que entiendan que la idea de un Estado más grande e intervencionista sería más bien contraproducente.

Se debiese promover un Estado con poderes limitados, modernizado y que el foco sean las personas. Es importante entender que no hay país desarrollado en el mundo democrático que sea centralizado o con regiones con poderes autónomos irrelevantes. Este nuevo proceso debe abrir paso a entregar ciertas libertades a las regiones para gobernarse y llevar sus propios recursos, porque, sin descentralización del poder político y económico, no hay progreso ni desarrollo.

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