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Un enfermero y una enfermera del Cesfam San Pedro ubicado en el acceso a Candelaria en San Pedro de la Paz son objeto de sendos sumarios administrativo y sanitario que de manera paralela realizan la seremi de salud del Biobío y la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS), tras detectar el uso de toda la plataforma pública de detección Covid-19, PCR incluida, con fines particulares.

Según confirmó Nicole Sepúlveda, abogada de la DAS San Pedro de la Paz, "consistía en que se había tomado unos exámenes PCR a unos particulares que no eran usuarios del centro de salud. En ningún momento se nos insinuó que estuviéramos en un caso de venta; al menos no tenemos ningún antecedente como para decir que es así. La situación es extraña y es investigada en un sumario administrativo".

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Explicó que lo detectado es que "se toma el examen y el resultado, al parecer, no fue notificado de acuerdo a los protocolos que corresponden. A través del sistema se arroja una alarma que las personas no habían sido notificadas y es así que nos percatamos de la situación".

Por este motivo, añadió la jurista, "una de las personas se terminó su contrato el 31 de marzo y simplemente se tomó la decisión de no renovar su contrato. En el otro caso el funcionario está en funciones, en este momento con feriado legal; pero en base a las necesidades del servicio fue destinado a otras funciones. Las sanciones solo pueden ser aplicadas una vez que se tenga el resultado del sumario administrativo".

Sumario sanitario y eventuales delitos

Desde la seremi de salud del Biobío se confirmó que ingresó una denuncia al respecto en contra de los dos funcionarios indagados. Se puntualiza que es por "eventuales irregularidades cometidas el 05 de marzo en procesos asociados a testeo y trazabilidad Covid-19; quienes habrían utilizado insumos pertenecientes al recinto asistencial".

En cuanto a la cantidad, la seremi precisa que al momento se detectó "para toma de muestras a 4 casos positivos, de otras 2 comunas, relacionados con una empresa privada; así como haber enviado a procesar las muestras como si hubiesen sido tomadas en el Cesfam, y sin proceder a la investigación epidemiológica habitual".

Por ello, agrega, "iniciamos sumario sanitario para investigar eventuales responsabilidades, que puede finalizar en absolución, amonestación o multas que van de 0,1 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales".

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Ante la gravedad de los hechos, se solicitó registro de 9 días anteriores al hecho investigado para analizar si se repiten situaciones como la evidenciada.

Ese informe se debió presentar el 9 de abril. Se suma que el 16 de abril finalizó el plazo para que el establecimiento presentara antecedentes de investigación y descargos.

Igualmente se indagará la eventual comisión de delitos derivados de esta situación.

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