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Esta jornada la Defensoría de la Niñez interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional del Biobío, por la filtración del informe de autopsia del pequeño Tomás Bravo. En el documento con el requerimiento legal, se detalla que Patricia Muñoz García, abogada, Defensora de los Derechos de la Niñez, de conformidad a las facultades conferidas en el artículo 16 inciso 2 de la Ley Nº21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, "pongo en su conocimiento hechos que podrían configurar el delito de violación de secreto, previsto y sancionado en el artículo 247 del Código Penal".

El oficio detalla que "el día de ayer, 15 de abril de 2021, en horas de la tarde, como querellante en la causa que se substancia por su Fiscalía Regional, por la muerte del niño de 3 años de edad, T.E.B.G., tomé conocimiento, a través del medio de comunicación Radio Bío Bío, de la existencia de un protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal que, de acuerdo a la información del medio de comunicación, establecería que “Tomás Bravo murió por accidente: hipotermia e inanición”.

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En un tercer párrafo la denuncia precisa que "habida cuenta de que en los antecedentes de investigación remitidos a esta querellante, debidamente actualizados al día 15 de abril, no existía dicho informe de autopsia del Servicio Médico Legal, y considerando que, en declaraciones posteriores del abogado de la madre del niño, queda de manifiesto que éste ni siquiera era conocido por usted (...) Resulta necesario determinar qué funcionarios públicos, conocedores de dicho protocolo de autopsia, sin remitirlo a la Fiscal del caso, lo entregan a un medio de comunicación para que éste, sin ningún conocimiento riguroso del caso exponga las supuestas conclusiones perjudicando, gravemente, los fines de la investigación y la consecuente determinación de lo ocurrido con un niño víctima de tan solo 3 años de edad".

Así las cosas la Defensoría concluye que "teniendo en consideración la gravísima situación descrita, pongo en su conocimiento estos hechos y solicito a usted tener a bien instruir las diligencias autónomas y que requieran autorización judicial que sean necesarias para determinar qué funcionarios del Servicio Médico Legal de Concepción tenían acceso a dicho protocolo de autopsia y, de ese modo, quién hizo entrega al citado medio de comunicación, Radio Bío Bío, infringiendo abiertamente la legalidad que obliga a mantener secreto de las investigaciones penales y de aquella información que en virtud de nuestros roles públicos conocemos, qué acciones ejecutaron con él".

Inicio de investigación

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que "hemos presentado una denuncia criminal por el delito de violación de secreto, por lo que esperamos que se pueda establecer por el Ministerio Público, es precisamente qué funcionario público infringiendo su deber, perteneciente eventualmente a este Servicio desde el cual habría surgido este protocolo de autopsia, al que nosotros como intervinientes no habíamos tenido ningún acceso, ni siquiera el Ministerio Público".

La abogada expuso además que conversó la situación con la fiscal regional Marcela Cartagena, quien le infirmó "que ha iniciado una investigación de oficio. Por lo tanto, esperamos que a la máxima brevedad se establezcan las responsabilidades; porque no es posible que tengamos que estar expuestos a que situaciones tan complejas, graves, sobre todo considerando la espera que se tiene de muchas pruebas periciales que ya han sido encargadas, estén siendo interpretadas y analizadas".

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