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La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió de manera parcial un recurso de protección y ordenó al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Talagante evaluar la interrupción del embarazo de una mujer. Lo anterior, debido al uso de los anticonceptivos defectuosos de Anulette CD, que fueron entregados en el servicio de salud.

El fallo establece un actuar ilegal y arbitrario del Cesfam Alberto Allende Jones. El recinto no le habría entregado a la mujer una respuesta a la solicitud de aborto por causal de riesgo de vida de la madre.

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Las abogadas de la mujer indicaron que no se le notificó sobre la falla de dichos anticonceptivos y ella misma notó su embarazo en octubre del 2020. Esto la llevó a tener un “desbalance en su salud psíquica, con crisis de pánico y angustia, síntomas de desánimo, falta de apetito. Y carencia de motivación que le han impulsado a tener ideas suicidas”.

El tribunal señaló que el Cesfam “al no haber ejecutado las recurridas acciones específicas tendientes evaluar un diagnóstico compatible con la voluntad de la recurrente. Quien no se encuentra obligada a conocer los protocolos técnicos en la materia, ha incurrido en una omisión que sólo resulta caprichosa y por tanto arbitraria (…) sino también resulta ilegal”.

Por lo anterior, ordenaron que el Cesfam evalúe médicamente a la mujer en un plazo de cinco días, “a objeto de constatar o descartar un diagnóstico compatible con la causal del artículo 119 1) con relación al artículo 119 bis inciso 1º del Código Sanitario”.

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