Municipalidad de Coronel se querella contra Intendencia del Biobío
El equipo jurídico de la municipalidad de Coronel llegó este lunes a los tribunales de Justicia de Concepción con el objetivo de querellarse contra la Intendencia y la Subsecretaria del Trabajo.
Desde el municipio acusan a la entidad de “adjudicación ilegal de cupos pro empleo a entidades vinculadas a personeros de Gobierno". Según las autoridades, la entidad regional habría dejado sin 800 cupos de empleo a la ONG PROMAS, organización con mas de 20 años de trayectoria.
Según indicó Adrián Retamal, coordinador inversión ONG PROMAS, cada año se postulaban cerca de 12 instituciones a los empleos licitados por el Sence.
Sin embargo, la entidad esta vez le dio estos cupos a la Intendencia para que ella se responsanilizara de la correspondiente licitación. Desde la ONG, acusan que los cupos fueron entregados a través de trato directo y no por el método usual.
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Usualmente, según asegura la ONG, cerca de 12 instituciones solían trabajar con el Sence en la re participación de 7500 cupos de trabajo.
Adrián retamal afirmó que “hoy en día se licitan en la octava región alrededor de 11 mil cupos”. Continuó “en esta oportunidad, para la licitación de enero a junio de 2029 solamente adjudicaron 5 instituciones.”
Entre las instituciones beneficiadas por la Intendencia se encuentra “Forjadores del Futuro” con 3 mil cupos de trabajo, fundación “Uniem” (pertenecientes a un consejo de Pastores de Maipú) con 2 mil 700, “Contigo igual” con 2 mil y “Varu” con mas de 20 mil cupos.
Desde la histórica ONG PROMAS acusan haberse quedado sin ningún beneficio. “teníamos 800 cupos en la comuna de Coronel y en esta licitación arbitraria quedamos sin cupo” afirmó el Coordinador respecto a la decisión de la Intendencia.
La querella
Dada la gravedad de las acusaciones, desde la entidad coronelina se acercaron a la Corte de Apelaciones de Concepción con el fin de interponer un recurso de protección.
Según la organización el problema es de carácter administrativo, por ende, deberán ser analizados los evaluadores en su calidad de servidores públicos y la licitación.
Adrián Retama sentenció que “estamos hablando de 25 mil millones de pesos por concepto de remuneraciones a los trabajadores”. Agregó que “estamos hablando de mil 200 millones de pesos donde la intendencia transfiere los fondos a las organizaciones que adjudican”
De igual manera, el líder de la organización apuntó que esta cantidad de recursos públicos no puede quedar en manos de 5 personas pertenecientes a una comisión evaluadora.
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