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Coronel, Hualpén, Lota y Penco fueron las comunas que este lunes 4 de enero retrocedieron a fase 1 en el marco del actual contexto pandémico. La información fue dada a conocer por el mismo Ministerio de Salud el sábado recién pasado.

La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de repercusiones en la región, siendo la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, y el edil de Penco, Víctor Hugo Figueroa, quienes manifestaron algunas de sus inquietudes.

"Creemos que hay que avanzar en dos áreas: una tiene que ver con la fiscalización. En la cuarentena anterior la fiscalización fue escasa, no fue suficiente. En segundo lugar, por sobre todo, el apoyo a los emprendedores que se van a ver afectados", sentenció el alcalde de la comuna de Penco.

Por su parte, la edil de Hualpén hizo hincapié en la situación de su comuna respecto a Talcahuano y Concepción. Según explicó, llama la atención que ambas comunas no calificaron para cuarentena a pesar de tener malls que diariamente reciben una cantidad exagerada de personas.

En materia regional, ambas autoridades se refirieron a la necesidad de establecer una mesa de diálogo entre el gobierno y los alcaldes regionales. La urgencia de establecer estas instancias tiene su raiz en la débil coordinación existente entre los organismo del estado y la región

En relación con la cuarentena, la Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, declaró que "si bien hay una gran cantidad de personas que respetan, vemos por otro lado actitudes absolutamente irresponsables como el camping de Chivilingo en Lota. El llamado es a la responsabilidad"

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Cerca de 26 mil familias en vulnerabilidad social

La alcaldesa Katherine Torres señaló además que “esta medida tiene que venir asociada a un apoyo a las familias si queremos que se cumplan las cuarentenas”.

Esto en relación con las 25 mil 500 familias que bordean el 40 % de vulnerabilidad económica en comunas como Hualpén. Según señala la edil, respecto al año anterior, se registró un aumento de 7 mil familias con vulnerabilidad económica.

Además, notificó la lentitud con la que opera el sistema del registro social de hogares, el cual ha dejado a muchas familias sin los bonos ofrecidos el gobierno.

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