Más de 3 mil personas estuvieron en prisión preventiva en Bío Bío siendo inocentes en los últimos 17 años

Luis Eduardo Sáez Rojas (25) es el último caso ingresado al “Proyecto Inocentes” de la Defensoría Penal Pública en la región del Bío Bío. En 2015, Estuvo preso 6 meses y 23 días, acusado por un homicidio que no cometió.

En situación de calle desde los 8 años, analfabeto, adicto a las drogas y con un leve retardo mental, fue detenido por el crimen ocurrido en 2014, en el que fue forzado a firmar la declaración que lo incriminaba. En el juicio se demostró su inocencia, ya que la única prueba que había en su contra era su testimonio forzado.

Él es una de los 3 mil 337 personas que estuvieron en prisión preventiva, siendo inocentes, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en 2003. En el mismo periodo, hubo 58 mil personas imputadas que fueron absueltas.

Este año, hasta mediados de noviembre, la cifra de personas inocentes en prisión preventiva llegaba a  101 personas, con 2 mil 186 personas imputadas que luego fueron liberadas de cargos.

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, conversó con Sabes.cl y recordó que la institución hace años planteó la posibilidad que el sistema de justicia penal chileno pueda cometer errores y, más específicamente, condenar a personas inocente, lo que motivó a diversos investigadores en el estudio de dicho problema.

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A su juicio “es hasta el momento impensado creer que un sistema de justicia criminal va a dejar de cometer errores pues está operado por personas y todos cometemos errores. Lo que sí podemos hacer es concientizar de que ellos existen e instar a minimizar los mismos con el perfeccionamiento conjunto de todos los operadores del sistema de nuestros propios procedimientos de trabajo, mejorando los mismos a fin de que toda la información que sea recolectada y puesta en conocimiento de los juzgadores sea lo más fiable posible y que siempre ella pueda ser confrontada en un juicio adversarial para que pase el respectivo control de calidad”.

Pizarro explicó que hay seis factores que de estar presentes llevarían a la producción de un resultado erróneo: problemas con la identificación de imputados; uso de testigos mentirosos o poco confiables; uso de confesiones falsas; uso de prueba pericial de baja calidad o confiabilidad; visión de túnel y trabajo de las agencias de persecución penal y una inadecuada representación legal de los condenados.

“Por lo mismo, cada imputación penal debe fundarse y justificarse en elementos probatorios fiables y exentos de estos errores”, precisó.

Por eso, ante estos casos, el defensor regional aseguró que debe existir una indemnización. Ello no solo como una manera de reparación al daño causado por el error mismo, sino que además como compensación al honor personal y al de la familia del imputado si existe.

“Hay varios casos donde la Corte Suprema ya sea conociendo acciones de declaración previa de error judicial o por casos asociados indemnización de perjuicios patrimoniales y morales por error judicial han declarado dichas reparaciones lo que está absolutamente en línea con el comportamiento a nivel internacional de otros sistemas de justicia similares al nuestro”.

“La prisión preventiva es como la aspirina: todo lo arregla”

Este año, se conoció el caso de Maximiliano Fraile, el joven de Concepción quien asegura haber sido víctima de un montaje por parte de Carabineros.  Quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por porte de bomba molotov en medio de una jornada de desórdenes en la Universidad de Concepción. Pero la Fiscalía decidió no perseverar en la causa, por lo que quedó en libertad, tras la aparición de imágenes de una cámara GoPro de Carabineros donde se escucha a un efectivo quien propone cargar con bencina un morral, con una botella y mecha en su interior, para inculparlo.

En ese caso, se presentó una querella contra Carabineros por falsificación de instrumento público y se está a la espera del sumario administrativo. Se dejó en efecto su formalización y en enero se realizará la audiencia para su sobreseimiento.

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Su abogado, Christian Echayz, precisó que el tema es complejo, “y creo que podría subsanarse con una reforma al Código Procesal Penal, en el sentido de reforzar las otras medidas cautelares, porque hoy se tiende a pensar que la prisión preventiva es como la aspirina: todo lo arregla. Y los jueces acceden a veces porque las otras medidas no se cumplen como corresponde, como por ejemplo, en un caso de VIF, cuando se ordena la prohibición de acercarse al domicilio de una víctima”.  Entonces debería reforzarse otras medidas no tan gravosas con la prisión preventiva, como el uso de la tobillera electrónica.

Echayz precisó que ha visto casos donde por error se culpa a una persona “y son muy comunes en el inicio de las causas, donde hay errores groseros, como incoherencias en las declaraciones o en los datos. En ese sentido, la policía no se ha profesionalizado lo suficiente”.

“Hoy la prisión preventiva es la regla, no la excepción”

El abogado y ex fiscal, Raúl Bustos, explicó a Sabes.cl que los problemas del sistema de justicia partieron con el concepto de “puerta giratoria”, ya que, al principio, cuando no se justificaba, no se aplicaba la prisión preventiva, pese a que sí se aplicaba en los casos graves.

“Los tribunales eran muy cautelosos y no aplicaban esa medida a los primerizos, porque era el último recurso. Pero ese mito hizo creer a la gente que el sistema no funcionaba, y así empezaron lo cambio legislativos que relajaron los estándares para que la Fiscalía pida prisión preventiva”.

Recordó que, en esos años, se consideró que el actuar de la Fiscalía podía ser solución para conflictos sociales, como la “Revolución Pingüina” o el conflicto en la Araucanía, “y los gobiernos de turno se aprovechan del sistema para resolver conflictos sociales, cuando está diseñado para solucionar conflictos penales”.

Para el abogado, también influye la falta de independencia de la Defensoría, que depende del Ministerio de Justicia, a diferencia del Ministerio Público, que es un organismo autónomo. “Y eso hace falta para defender las garantías del sistema. Ahora hay gente sin antecedentes, que termina meses en prisión preventiva, en cárceles saturadas”. Y hay que sumarle la presión social, “porque no se supo defender este sistema que pretendía defender los derechos de los ciudadanos”.

Por esto, aseguró que hace falta que la Fiscalía explique a la ciudadanía cómo funciona el sistema: “No hay que olvidar que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y el problema es que hoy la prisión preventiva es la regla, cuando debería ser la excepción”.