Captan violenta riña entre estudiantes en liceo de Región del Biobío: Preocupación en la comunidad

Casos de altas autoridades que no pagan sus contribuciones o que lo hacen por montos menores a los que establece la ley, no son nuevos. Meses atrás, salió a la luz que tanto el expresidente Ricardo Lagos como la ex presidenta Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera, llevaban años sin pagar los tributos territoriales por sus segundas viviendas. Ahora, un reportaje televisivo dejó en evidencia que varios parlamentarios, de distinto color político, declararon ante el Servicio de Impuestos Internos no tener metros construidos en terrenos de su propiedad (algunos con piscina incluida) evitando el pago de las contribuciones correspondientes.

Resulta contradictorio que quienes deben velar por respetar el orden jurídico, que no solo juran respetarlo al asumir cargos de autoridad o representación popular, sino que además reciben ingresos no menores gracias a los impuestos (y contribuciones) que debemos pagar todos los chilenos, sean los primeros en torcer los principios mínimos de ese orden jurídico. Mientras hasta hace no muy poco muchos adultos mayores debían vender sus propiedades, adquiridas con años de esfuerzo y sacrificio, porque las contribuciones se les hacían impagables, las autoridades rompían la igualdad ante la ley. Y eso que algunos son buenos o buenas para quejarse de la desigualdad, los privilegios y promover la “solidaridad” a punta de impuestos, a la vez que pagan contribuciones como si vivieran en sitios eriazos, obviando las casas de playa construidas en esos terrenos.

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A propósito de la futura discusión constitucional, sería bueno reforzar y recordar algunos principios esenciales que deben primar en cualquier orden constitucional como el de juridicidad y el de igualdad tributaria. El primero implica el sometimiento de las autoridades al imperio del ordenamiento jurídico. El segundo establece la igual repartición de las cargas públicas. Tanto la actual carta fundamental como el Código Civil, que creó Andrés Bello (para que tome nota Beatriz Sánchez), establecen que no existen privilegios ni diferencias entre las personas frente la ley. Es decir, todos tenemos los mismos derechos y deberes, como pagar impuestos, entre ellos los territoriales, salvo excepciones establecidas por ley como ocurre —por suerte— los adultos mayores. Todos, aunque se trate de legisladores o presidentes cuyos partidos son financiados con impuestos que pagan todos los ciudadanos.

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Recordar lo anterior es muy importante sobre todo porque una constitución es esencialmente un mecanismo de control sobre quienes ejercen el poder, sean gobernantes o legisladores. No existe para darle más poder al estado, los políticos y las burocracias, sino para ponerle pesos y contrapesos al poder político, entre otras cosas para que no abusen del poder adjudicándose privilegios. Es decir, una constitución es un límite a las potestades de quienes ejercen cargos de autoridad o representación porque, tal como nos muestra el caso de las contribuciones, estos no son ángeles ni sujetos libres de apetitos e intereses, sino personas imperfectas con ambiciones personales como cualquiera. Porque, aunque prometan luchar contra la desigualdad, la injusticia o digan tener vocación de servicio público, probablemente igual tienen el oculto deseo de colocarse a sí mismos al tope de la jerarquía del poder.

Si lo anterior no se tiene presente, es muy probable que en vez de leyes justas y equitativas para todos, terminemos con leyes del embudo hechas por legisladores que, bajo la promesa de la lucha contra la desigualdad, terminen haciendo leyes de privilegio para sí mismos a la vez que imponen la fraternidad por decreto en el resto de la sociedad. Es decir, que terminen convertidos en una nueva élite del poder mientras nosotros, con nueva constitución y todo, seguiremos pagando contribuciones para financiarles la vida a ellos y sus hijos.

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