En prisión preventiva quedó sujeto que vendía permisos únicos falsos en Concepción: comercializó más de mil
En prisión preventiva quedó un hombre de años, formalizado por los delitos de uso de instrumento público falso, declaración jurada falsa y usurpación de identidad. El sujeto comercializaba permisos únicos colectivos con ocasión de la cuarentena vigente en el Gran Concepción.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Concepción capturaron al individuo después de comprobarse que simulando ser representante de una empresa de seguridad, gestionaba y vendía permisos para circular en cuarentena por las redes sociales.
La oficial a cargo del caso, comisario Evelyn Aburto, expresó que “el detenido, usando la razón social de una empresa de seguridad, gestionó 'Permisos Únicos Colectivos' para transitar por zonas en cuarentena, a través de la web Comisaría Virtual de Carabineros de Chile, los cuales vendía a través de contactos y por redes sociales, por un monto de $5.000, cada uno. Se logró establecer que solicitó aproximadamente 1.040 de estos permisos”.
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Por su parte el fiscal adjunto de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos de la Fiscalía de Concepción, José Aravena, agregó que la investigación partió en septiembre. "A partir de una persona que portaba un permiso de una empresa de seguridad, el que se estableció que lo había comprado ya que no era guardia de seguridad de dicho lugar", expuso.
"Se hicieron requerimientos a Carabineros y a la Comisaría Virtual y junto a la PDI se realizaron las diligencias para establecer si la empresa efectivamente estaba operando y por otra parte quién era la persona que estaba obteniendo los permisos únicos colectivos. A partir de diferentes entrevistas a personas que habían comprado los permisos, se estableció que la empresa no operaba y que todos los documentos habían sido sacados por el hoy detenido, quien simulaba ser el representante de la empresa”, explicó el persecutor.
El sujeto una vez que conseguía los permisos a través de la Comisaría Virtual, los remitía a sus "clientes" vía Whatsapp, recibiendo el pago a su cuenta.
El tribunal otorgó un plazo de tres meses para investigar.
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