Condenas oportunistas

Producto de nuestra propia historia, se tiende a asociar la violación a los DD. HH con regímenes dictatoriales. En una democracia tal situación de no debería producirse, sin duda.

Y es cierto, idealmente, un estado democrático de derecho no debería incurrir en violaciones a los Derechos Humanos como los que se producen bajo dictaduras. Sin embargo, en la realidad y si uno revisa diversos informes de organismos avocados a la promoción del respeto y resguardo de las libertades y derechos fundamentales de las personas, las democracias también incurren en vulneraciones de derechos humanos, pero en proporciones y formas distintas a lo que ocurre bajo las formas represivas de una dictadura.

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Por ejemplo, fue lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la jueza Karen Atala, al declarar al Estado de Chile como responsable de violar el derecho a la no discriminación. El caso del Sename es otro ejemplo claro de vulneración de DD. HH bajo un régimen democrático. Incluso países claramente ejemplares en términos democráticos como Australia, Alemania, Suecia o Francia figuran con notas en los informes de Amnesty.

Por eso, la polémica en torno al último informe de DD. HH respecto a Venezuela es engañoso. Lo es porque es funcional a quienes no quieren asumir que en Chile tuvimos dictadura y que en Venezuela ahora hay una dictadura. Es eso lo que algunos no cuestionan, aunque digan rechazar las violaciones de los DD. HH, “en el lugar que sea y venga de donde venga”.

La condena de Daniel Jadue fue un saludo a la bandera, más propia de alguien que no quiere bajar en las encuestas que de alguien que de forma concienzuda rechaza las lógicas dictatoriales de un gobierno, sin importar la tendencia de este.

El doble estándar respecto a los informes que un mismo organismo internacional enarbola respecto al respeto a los DD. HH ha alimentado una lógica de empate que es absurda, si consideramos no solo el problema de la violación de derechos humanos a secas, sino el carácter del régimen que lleva a cabo tales vulneraciones. Por eso, cuando Alejandra Matus dice “esto también pasó en Chile” está minimizando hechos tan graves en Venezuela como las cinco mil ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) bajo la excusa de la resistencia a la autoridad, según el anterior informe de la ONU.

Ese tipo de comentarios superficiales buscan eludir el hecho de que en Venezuela el régimen socialista aplica hace años una política sistemática de represión a opositores. Es decir, que no es una democracia. Eso, aunque varios en el Frente Amplio y el PC sigan considerando al régimen chavista como un régimen democrático pleno, pero que por estar sometido a intereses foráneos espurios viola DD.HH.

Informes como los de la ONU, Amnesty o Human Right Watch deben ser considerados, cualquiera sea el gobierno cuestionado. Primero porque permiten poner en claro que ningún estado, gobierno o institución, sin importar qué digan promover o defender, tiene derechos sobre la vida, integridad física, derechos y libertades de las personas. Es decir, sirven de freno al poder de los estados sobre los ciudadanos. Tercero, permiten exigir a las autoridades que las instituciones, como los gobiernos, las policías, los ejércitos y los tribunales, operen sometidas al estado de derecho y no bajo lógicas arbitrarias o partidistas como de hecho ocurre en Venezuela. Es decir, que actúen considerando los límites legales que tienen las autoridades en el ejercicio de sus potestades, ya sea en Chile, Venezuela o donde sea.

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El problema es que algunos consideran los informes según conveniencia y los ven más como una herramienta política para sus particulares intereses, y no como un instrumento que debe ser usado para promover, garantizar y exigir el respeto de las libertades y derechos más básicos de los ciudadanos.

Entonces juegan con la ambigüedad diciendo: “condeno esto pero debemos considerar esto otro”. Lo han hecho de forma muy similar ciertos políticos filo pinochetistas y ahora lo hizo Daniel Jadue, quien no cuestionó al régimen venezolano por la violación a los DD. HH, sino que dedicó gran parte de su columna a culpar al empedrado.

A propósito del próximo plebiscito, la pregunta que deben responder los pretendidos demócratas de la plaza, derechistas e izquierdistas, es si en serio rechazan todas las dictaduras o solo aquellas que no coinciden con sus perspectivas ideológicas. Es decir, deben dejar en claro si son solo oportunistas con doble moral que podrían aceptar una dictadura según conveniencia, o son demócratas realmente comprometidos con la libertad y los DD.HH.

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