Los números hablan por sí solos

Los recursos que se entregan año a año a las regiones para sus gastos e inversiones (sin considerar los recursos sectoriales) se encuentran muy bien detallados en la página de la Dirección de Presupuesto.

Para este año se asignó 1 billón 460 mil millones de pesos, de los cuales 79 mil son para gastos de funcionamiento y 1 billón 381 mil millones para inversión de decisión propia, de los cuales 229 mil millones se reservan como provisiones para su reparto en la medida que avanza el año, y el saldo se asigna como presupuesto inicial. Se entiende entonces, que todos los presupuestos regionales sufren aumentos durante el año producto del reparto de estas provisiones y para saber cómo va el avance, en cada momento del año, debe sumarse lo asignado a la fecha más lo que resta por asignar.

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De la revisión de estos antecedentes al 31 de julio, es posible estimar que las regiones han visto disminuir los recursos en cerca de 200 millones de dólares, sin contar los cientos de miles de recursos sectoriales.

Se comprende que en un año como este la restricción es a todo nivel, pero es poco comprensible que la rebaja a las regiones sea usando parámetros que no están contemplados en las leyes que los asignaron.

Por ejemplo el FNDR y el FAR usan un polinomio que busca: “…desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo” (Art 71 ley 19175).

Pero el Ministerio de Hacienda ha usado diversas fórmulas para implementar las rebajas. En marzo se envió el oficio Circular 11 a casi 200 instituciones públicas ordenando la devolución de todo cuanto hubiese en las arcas. Los gobiernos regionales fueron los primeros en reaccionar, depositando a la fecha más de 60.000 millones de pesos, de los cuales nuestra región del Biobío ha depositado 11.566 millones mientras la Metropolitana solo 682. Estas rebajas están contabilizadas como un gasto en el presupuesto 2020.

Posteriormente han ido ajustando los ingresos, vía decretos o simplemente vía ajustes, que consideran otros 100 mil millones de pesos y que posiblemente estén tocando montos asociados al FNDR o FAR cuya rebaja solo puede ser autorizada por ley.

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Durante décadas escuchamos esta necesidad de descentralizar y darles más autonomía a las regiones porque se entiende que esa fórmula es útil a nuestro desarrollo. De hecho, el Presidente en la presentación de su decálogo de lo que debe contener la nueva constitución, incluye la regionalización. Pero en estricto rigor ocurre exactamente lo contrario; a más discurso de autonomía hay menos recursos. Y no solo este año en que las rebajas son a la pinta de quien las pide, sino que es una tendencia que arrastramos desde hace décadas. En el presupuesto del año 2009 los recursos de decisión regional bordeaban el 3% del total. Diez años después llegan al 2,7%, restando peso a las regiones.

Lo penoso y lamentable es que nos alcanza solo para reclamar, porque la acalorada oposición de algunas autoridades es solo para ocupar espacio en los medios. La realidad es que sin recursos la regionalización es una quimera y sin autoridades fuertes y una sociedad realmente organizada para defender nuestros sueños de un mejor desarrollo, la regionalización seguirá siendo solo uno de los temas que acostumbramos a manosear elección tras elección.

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