País de cabeza
Por momentos, a ratos, este país parece estar de cabeza. Las demandas a resoluciones de problemáticas sociales complejas, sobre todo en su faz postmaterial, que constantemente copan la agenda con una verborrea discursiva que marea, terminan por opacar problemas materiales o todavía más básicos. Tal es el caso de la seguridad y el orden público que reclaman los camioneros de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur.
El orden público no es ningún fetiche, como algunos en el Frente Amplio han querido esbozar, sino que es un mínimo imprescindible en cualquier República Democrática. Todavía más, una de las principales razones de justificación y existencia del Estado -como ente que detenta el monopolio de la fuerza legítima- es precisamente evitar que comencemos a repartirnos golpes y dañarnos entre las personas que habitamos una misma sociedad. Por ello, el reclamo de la federación de camioneros llama la atención, en que se está solicitando un mínimo sobre el cual se erige una sociedad, algo que no debería estar en la lista de problemáticas sociales ni muchos menos en un petitorio, sino que debiese estar plenamente garantizado sin duda alguna.
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El actual primer mandatario Sebastián Piñera, ganó las elecciones presidenciales con la idea de otorgar una mayor seguridad, reestablecer el imperio del Estado de Derecho allí donde se desvanece o difumina y permitir que las personas puedan vivir tranquilas y en paz. ¿No es eso acaso lo que solicitan los camioneros ante las quemas de camiones, con inclusive sus conductores en su interior? ¿quedará algo de todo ello en las directrices que aborda el actual Ministro del Interior Víctor Pérez, quien además conoce la zona de Los Ángeles-Araucanía al dedillo? La carga de la prueba en este sentido está de parte del gobierno y en ello no solo bastan declaraciones de buenas intenciones, sino que se requieren acciones que marquen la pauta en este tenor.
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De un tiempo a esta parte se ha vuelto evidente que existe una falencia latente en la seguridad pública y que la forma de prevenirla también está fallando. Además, hay que necesariamente reconsiderar, y repetir hasta el cansancio de ser necesario, que nada justifica cercenar las libertades y la vida de las personas. Aquello supondría derechamente visualizar a la individualidad humana como un mero medio para garantizar algún fin, y ello no es aceptable en una sociedad plural y abierta como la chilensis, que debe ver en cada persona un fin en sí mismo que posee igual dignidad que el resto.
De alguna u otra manera, minusvalorar este problema, encubrirlo bajo la alfombra o postergarlo haciendo caso omiso, tarde o temprano mostraría una actitud tácita de acostumbramiento a él. Desde luego ese sería el día en que colocaríamos la lápida al Estado de Derecho en el país y es que no hay que olvidar que, en palabras del jurista alemán Rudolf von Ihering: “en el Derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia, sin el Derecho desciende al nivel del animal”. Sin ese entramado de reglas -la Constitución y las leyes- que terminan por ordenar las conductas con el objetivo de hacer llevable la vida en sociedad -Estado de Derecho- solamente estamos retrocediendo a pasos agigantados a la pretérita barbarie.
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