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El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) reveló las acciones que tomó tras detectar un megafraude al Fisco, por parte de una doctora penquista. La médico, habría cobrado en los últimos meses más de $6 mil millones en bonos por prestaciones de salud que nunca se realizaron.
Luis Brito, fiscal de Fonasa, señaló que “hace un par de semanas, los sistemas de control de Fonasa detectaron comportamientos anómalos con relación a esta prestadora inscrita como médico. Se procedió a la revisión de las prestaciones emitidas y se detectó un cobro inusualmente alto por tratarse de una persona natural”.
Añadió que “revisadas las emisiones, estas no cumplían con la normativa. Motivo por el cual interpusimos una denuncia de inmediato ante el Ministerio Público, acompañado de una querella en el tribunal competente”.
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Brito sostuvo que, en conversación con el Fiscal Nacional, se solicitó una persecutora penal de alta complejidad para que se abocara a la investigación. También se dispuso la instrucción de un sumario administrativo y un proceso de auditoría. Además, agregó que a los usuarios de Fonasa, esta situación no los afectaría. Por ello, hizo un llamado a la tranquilidad.
Seremi Salud
Consultado por este caso, el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, señaló que “si se llega a comprobar un fraude de esas características, que cualquier profesional compra un bono él mismo y le pagan el total de una prestación que no realizó, sería un hecho muy reprochable. Lo condenamos completamente, pero como corresponde debe hacerse una investigación. Nuestra fiscalización se debe hacer en caso de licencias médicas y, en este caso, es una prestación”
Cabe recordar que, a través de un comunicado público, Fiscalía confirmó que inició una investigación luego de recibir una querella presentada por Fonasa. En ella se hizo parte, de igual forma, el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según indicó el Ministerio Público, las acciones legales están dirigidas contra la médico cirujano identificada con las iniciales P. C. G. y quienes resulten responsables. Se investiga su participación en el eventual delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales que superan los 6 mil millones de pesos.
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