Firma del Acuerdo de Escazú: prioridad para la democracia ambiental
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú, aborda una dimensión fundamental para crear las condiciones para los cambios estructurales que urgen: es un esfuerzo hacia el fortalecimiento de la democracia ambiental, y el único tratado hasta ahora en el mundo que incorpora disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
De los 33 países latinoamericanos, 22 lo han firmado y ya cuenta con 9 ratificaciones. Dos ratificaciones más y el Acuerdo entrará en vigor en los países firmantes. Chile no lo ha firmado, lo que es una vergüenza dados los aspectos fundamentales y multidimensionales de protección ambiental que aborda.
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El Acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano.
Se trata del primer tratado regional ambiental de nuestra región, y tiene su fundamento en el Principio 10 de la Declaración Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, relativa al acceso a la información y participación en asuntos ambientales. Es entonces un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos que en opinión de muchos refleja las particularidades de nuestra región.
Difundir sus importantes alcances con la comunidad es lo que queda para presionar a su firma por parte de la autoridad nacional. Esos alcances están vinculados con los desafíos globales a los que nos vemos enfrentados hoy también en el marco de la pandemia, la que ha expuesto de la manera más cruda las inequidades del modelo y las consecuencias de la presión brutal que hemos puesto sobre la naturaleza.
En el contexto actual y más allá, es relevante mencionar la creciente violación a los derechos fundamentales de los defensores ambientales en nuestro continente: los amedrentamientos y los ataques dirigidos a ellos son una realidad en todos los países de la región.
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El rol que puede cumplir este Acuerdo en materia de protección de los defensores ambientales podría ser crucial para la protección de comunidades empoderadas y participativas que son fundamentales para resistir, controlar y frenar los abusos sobre la naturaleza y las comunidades.
Por último, las claras y perturbadoras señales de autoritarismo que hemos observado en el mundo en el marco de la pandemia, las decisiones a puertas cerradas en materia ambiental haciendo aprovechamiento de las hoy más limitadas capacidades de la sociedad civil de ejercer presión y control, no son más que indicadores claros de que una herramienta como el Acuerdo de Escazú es más necesaria que nunca.
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