Una nueva polémica se generó luego que la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas del Biobío confirmara al Consejo Regional que el Gobierno Regional del Biobío deberá pagar una millonaria indemnización a la empresa Valko S.A. firma que informó su decisión de no perseverar en las obras del Parque Científico y Tecnológico (Pacyt) de la Universidad de Concepción.

En la comisiónmixta de Ciencia y Tecnología y Fomento e Innovación del ConsejoRegional del Biobío, Aldo Careaga, director regional de Arquitecturadel MOP, explicó que se invoca el articulo 148de la norma decontratos de la Dirección Regional de Arquitectura, vale decir elderecho de la empresa de retirarse bajo una causal que no sea deresponsabilidad de la firma, como en este caso, ya que el mandante,en diciembre de 2019, comunicó una reasignación de recursos queincluía la paralización de las obras.

El monto, explicóCareaga, “se calcula con un coeficiente matemático que tiene quever con el valor primitivo del contrato y si este valor primitivo hatenido algún tipo de modificación, aumentos o disminuciones,durante la ejecución o lo que se haya alcanzado a ejecutar”.

“Hicimos uncálculo de esta fórmula y ese valor nos da cerca de los 370millones, que sería la indemnización a la que nosotros creemostendría derecho la empresa, la que tendría otras pretensionesmayores que eso”, añadió.

A eso se suma laimposibilidad de hacer efectiva una boleta de garantía por $1600millones de pesos, ya que la decisión fue tomada por el mandante,que recordemos, se tomó con la intención de destinar recursos parareconstruir las ciudades más afectadas por los daños en elestallido social.

El consejeroregional, Luis Santibañez (UDI), presidente de la comisión deFomento e Innovación DEL Core Biobío, dijo que “resultainconcebicle que se establezca el no cobro de la boleta de garantíaa la empresa que no ejecutará el proyecto Pacyt, y en su defectotambién se sume una indemnización del orden de los 370 millones depesos por la paralización de obras que el propio mandante, segúnseñala el MOP, estableció el contrato”.

“En pleno procesode crisis social y pandemia sanitaria no se concibe entregar recursosa un particular por obras que no ejecutó”, añadió.