Una nueva polémica se generó luego que la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas del Biobío confirmara al Consejo Regional que el Gobierno Regional del Biobío deberá pagar una millonaria indemnización a la empresa Valko S.A. firma que informó su decisión de no perseverar en las obras del Parque Científico y Tecnológico (Pacyt) de la Universidad de Concepción.

En la comisión mixta de Ciencia y Tecnología y Fomento e Innovación del Consejo Regional del Biobío, Aldo Careaga, director regional de Arquitectura del MOP, explicó que se invoca el articulo 148de la norma de contratos de la Dirección Regional de Arquitectura, vale decir el derecho de la empresa de retirarse bajo una causal que no sea de responsabilidad de la firma, como en este caso, ya que el mandante, en diciembre de 2019, comunicó una reasignación de recursos que incluía la paralización de las obras.

El monto, explicó Careaga, “se calcula con un coeficiente matemático que tiene que ver con el valor primitivo del contrato y si este valor primitivo ha tenido algún tipo de modificación, aumentos o disminuciones, durante la ejecución o lo que se haya alcanzado a ejecutar”.

“Hicimos un cálculo de esta fórmula y ese valor nos da cerca de los 370 millones, que sería la indemnización a la que nosotros creemos tendría derecho la empresa, la que tendría otras pretensiones mayores que eso”, añadió.

A eso se suma la imposibilidad de hacer efectiva una boleta de garantía por $1600 millones de pesos, ya que la decisión fue tomada por el mandante, que recordemos, se tomó con la intención de destinar recursos para reconstruir las ciudades más afectadas por los daños en el estallido social.

El consejero regional, Luis Santibañez (UDI), presidente de la comisión de Fomento e Innovación DEL Core Biobío, dijo que “resulta inconcebicle que se establezca el no cobro de la boleta de garantía a la empresa que no ejecutará el proyecto Pacyt, y en su defecto también se sume una indemnización del orden de los 370 millones de pesos por la paralización de obras que el propio mandante, según señala el MOP, estableció el contrato”.

“En pleno proceso de crisis social y pandemia sanitaria no se concibe entregar recursos a un particular por obras que no ejecutó”, añadió.