De excepción y presupuesto

Tratándose de situaciones excepcionales como una pandemia, la autoridad requiere consumar una revisión del destino de los recursos asignados en tiempos normales. Una disposición diferente de estos fondos públicos, teniendo en consideración contextos absolutamente diferentes, implica conferir nuevas prioridades al gasto público para enfrentar la emergencia del mejor modo que se pueda y siempre teniendo como objetivo beneficiar a la comunidad para superar este derrotero y, lo más importante, evitar que personas mueran o se los trague las dificultades económicas derivadas de las medidas adoptadas para hacerle frente a la pandemia.

Los presupuestos se determinan por ley, por lo tanto, a no ser que efectivamente exista una modificación legal, no pueden tener un destino diferente del que previamente se le ha asignado sin incurrir en conductas de las que puedan derivarse distintos tipos de responsabilidades. Por lo que necesariamente deberán reintegrarse.

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El Estado necesita disponer no sólo de recursos, sino que también de liquidez para implementar el paquete de medidas económicas de emergencia. Sin embargo, se debe tener claridad del destino que se les dará a estos recursos, con el objetivo de poder efectuar un seguimiento que justifique la circunstancia del cambio de destino, esperemos que temporal, de estos recursos.

Uno esperaría que fuesen dirigidos a enfrentar la pandemia a nivel local, pero la visión general de lo que ocurre y de las necesidades a nivel país, lo tiene la autoridad central que debería estar en permanente diálogo con los líderes locales de cada región, provincia y comuna.

No podemos tampoco dejar de tomar en consideración que estamos en el marco institucional de un estado de excepción constitucional, requiriéndose que nos concentremos de manera conjunta en determinar donde, como país, como sociedad, como un sólo colectivo, debemos ir priorizando. Es por ello que resulta ser indispensable la transparencia. Para evaluar el día de mañana si se trató de una decisión acertada o bien errónea pero generada a partir de opciones claras. Equivocarse en situaciones como las que vivimos, se puede entender.

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Nadie estaba preparado para lo que se nos vino encima. Las falencias en nuestro sistema sanitario se vienen arrastrando desde hace años y es parte de las grandes transformaciones que uno esperaría que se realizaran en el futuro, fortaleciendo el aparato público que permita garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud, no como una mercancía o un simple bien de consumo entregado al mercado, sino como una prerrogativa de carácter constitucional que hagan nuestro Estado uno de carácter social de derecho.

Se espera la transparencia en el uso de estos recursos regionales para que el día de mañana no tengamos que lamentar la circunstancia de haberse tratado de un traspaso de fondos para privilegiar la atención de otros territorios con más peso político. No sostengo que exista mala fe. No lo creo. Pero frente a los acontecimientos que han ocurrido en materia presupuestaria y los constantes recortes económicos que se han efectuado a nuestra región y la existencia de hechos en los que ha quedado en evidencia que el lobby o las influencias políticas han determinado asignaciones según intereses distintos de los puramente técnicos y reales implica la necesidad de que no quede ninguna duda de que estos fondos serán bien utilizados, más aún en un escenario tan incierto y difícil como el que se está viviendo, que nos obliga a confiar en quienes tienen la dura tarea de ejercer hoy un cargo de autoridad.

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