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Tras una larga discusión, en enero de 2017 se publicó la Ley N°20990, norma que dispone la reforma constitucional necesaria para la elección de los nuevos gobernadores regionales. En complemento, las leyes N°21073 y 21074, se encargaron de regular el procedimiento de elección popular y la transferencia de competencias, quedando así establecido un compromiso y una obligación en cuanto al avance de la tan necesaria descentralización del país.
La descentralización y desconcentración política, administrativa y fiscal en favor de las entidades subnacionales (Municipios, Gobiernos Regionales) es un requerimiento necesario para asumir debidamente las diferencias territoriales, para lograr la profundización de la democracia y potenciar el desarrollo, especialmente el desarrollo territorial equitativo, que éste avance independientemente de la localidad de que se trate. El tema es un requerimiento para el potenciamiento y desarrollo de las regiones, paralelamente, un fortalecimiento del desarrollo económico nacional, tema en el cual la OCDE destaca la directa relación existente entre descentralización y crecimiento, especialmente con la descentralización en materia tributaria (OCDE, 2017).
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Las dudas o cálculos políticos que parecieron aflorar en los últimos meses respecto de si concretar la elección de Gobernador Regional en octubre del presente, deben despejarse con celeridad y no sólo ratificar el proceso, también avanzar en su perfeccionamiento. Interesa particularmente el avance en el fortalecimiento de las atribuciones que tendrá la nueva autoridad, la mayor clarificación posible en las competencias que lo diferenciarán del Delegado Presidencial y el fortalecimiento de las capacidades financieras para que pueda concretar su propuesta de trabajo.
Que la oposición honre su acuerdo de abril de 2019, especialmente el punto ocho, mediante el que se comprometía en el apoyo de “aquellas iniciativas que busquen una verdadera descentralización, abordando con prontitud los cambios legislativos necesarios para que las regiones, en este nuevo proceso que incluye la elección del Gobernador (a) Regional, tengan las atribuciones, recursos, competencias y capital humano necesario para enfrentar estos desafíos”.
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Por su parte, el gobierno debe persistir en las líneas expresadas en su programa 2018-2022: “Nuestro programa aborda las diversas facetas que, en su conjunto, definen los grados de descentralización de un país. Se trata, en lo esencial, del grado de descentralización del gasto fiscal, la administración pública, el capital humano y la organización del poder político”. Entre los principales objetivos y medidas se propone, “Introducir la elección de gobernadores regionales como resultado del avance en descentralización fiscal y administrativa”.
El nuevo desafío es la continuación y profundización del proceso de regionalización y descentralización en que se encuentra el país desde hace más de cuarenta años. Es cierto que la ciudadanía, en un alto porcentaje, no ha oído hablar de la elección de Gobernador Regional y que desconoce su rol y traspaso de competencias, pero ello no debe ser un incentivo para aplazar un proceso de tanta relevancia. Al contrario, hay que confirmarlo, puesto que es la base, el soporte, para implementar/aplicar las políticas, las acciones que permitan avanzar en la solución de los problemas de la ciudadanía o las prioridades que son propias de la región y que no son necesariamente las prioridades de Santiago o del nivel nacional.
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