El Estado al desnudo
- La crisis política que atraviesa el país ha dejado al desnudo instituciones, a la clase política de manera transversal y también al Estado. Este último es un interesante actor en la ecuación y que merece ser visto con lupa en sus funciones, gasto y composición.
El Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, elaborada por el Consejo para la Transparencia, muestra que dos de cada 10 personas confían en el Estado (23%). Un 84% lo considera un ente distante, y un 76% maltratador. Pelota al piso. ¿Cómo era la cosa? ¿Acaso no se demandaba una mayor intervención y gasto público del Estado? ¿Cómo es posible compatibilizar aquella demanda respecto de un ente que se percibe como maltratador? ¿Sufrimos del síndrome de Estocolmo en Chile?
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Resulta, a lo menos, paradójico este escenario. Sumemos algo más. Según la primera encuesta nacional de funcionarios públicos de 2019, un tres de cada diez trabajadores del Estado admite haber ingresado a éste vía “pituto”. Es decir, un 36% aseveró que la ayuda de amigos, familiares u otros contactos fueron determinantes para obtener su empleo en el Estado.
Ambos estudios revelan cuestiones fundamentales. El Estado se encuentra intervenido por el clientelismo político y familiar. Pero, no solo eso, sino que carece de confianza y sus prestaciones son percibidas de manera negativa.
No es tiempo de hacer ilusiones respecto de un ente que hace buen rato funciona mal. La calidad de los servicios públicos es paupérrima y eso la población lo percibe. Las largas filas en mesones de atención en los servicios públicos – mientras nuestros destacados funcionarios ejercen con ahínco su labor de beber café o revisar sus redes sociales- demuestran aquello.
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Lo relevante en la materia, es que, si una empresa privada funciona así, lo normal es que pierda a sus clientes y tenga un amplio rechazo en las recomendaciones. Pero, con el Estado no ocurre así.
Este último es financiado por la población en general, en gran parte por un impuesto regresivo y que afecta fuertemente a la clase media: el IVA. Además, buena parte de la población depende de sus servicios, como salud o educación, con problemas de competitividad y convirtiéndose en un proveedor monopólico de facto. En los cuales el margen de error es casi nulo.
En consecuencia, no es momento de endiosar un actor que funciona pésimo y que su composición no obedece a criterios de competencias o mérito. Es tiempo de evaluar sus criterios de contratación, ingreso y establecer un férreo control en la contratación de funcionarios públicos.
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En otra arista, su gasto también merece ser revisado. Cada peso gastado desde el Estado debe seguir criterios de eficiencia y buen uso de los recursos públicos. También sería bueno curar la enfermedad crónica de creer que creando ministerios se solucionan nuestros problemas sociales. Con giros en ese tenor, nuestros servicios públicos podrían demostrar una eficacia mayor en su desempeño, calidad en su funcionamiento y recobrar, en alguna medida, la confianza de la población.
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