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El concejal de Hualpén, Miguel Aravena, acudió hasta la Contraloría Regional para solicitar un pronunciamiento del organismo en relación a la transacción propuesta por la alcaldesa Katherine Torres y que fue aprobada por la mayoría de los ediles, excepto el voto en contra que fue de Aravena, sobre deudas previsionales por 1.500 millones de pesos.

En aquella oportunidad, el voto contrario del edil fue porque dudó sobre la legalidad de la eventual transacción, considerando que las cotizaciones son administradas por las AFP y por lo tanto no podrían ser entregadas a los 58 trabajadores.

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"Llegar a un acuerdo raya prácticamente en lo ilegal y además de que aquí no existe la transparencia suficiente para saber cuánto realmente va a recibir cada uno de los funcionarios", dijo Aravena.

El edil detalló que "los únicos que están facultados para cobrar estas platas son las AFP, no las personas. Por lo tanto estamos incurriendo en contra de la ley y resulta que si pagamos los 1.500 millones de pesos puede venir la AFP después a cobrar las platas, el que paga mal paga dos veces".

Aravena además hizo hincapié en que la caja del municipio tiene un déficit de más de tres mil millones de pesos, por lo que considera "raro" el acuerdo, motivo por el que acudió a Contraloría para que dictamine si la resolución del Concejo Municipal es legal o no.

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Noticia escrita por el periodista Antonio González

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