Organizaciones de Derechos Humanos interpelaron al Consejo Regional del Biobío
Un hecho inédito se vivió este martes en el segundo piso del edificio del Gobierno Regional, luego de que se realizara por primera vez una sesión extraordinaria del CORE.
Si bien en un principio nació como una inquietud de algunos cores, durante las últimas semanas, la presión ejercida por las organizaciones presentes permitió que estas pudieran exponer sobre la preocupación que existe ante la violación recurrente de derechos humanos en los procedimientos adoptados por las policías.
De acuerdo al informe expuesto por la filial BioBio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el 18 de octubre son más de 3.600 los heridos en el país y de ellos 2.063 por disparos percutados por uniformados.
Más de mil acciones judiciales están en curso, y lo más grave aún, se han presentado querellas por 17 homicidios frustrados y 158 casos de violencia sexual. En el BioBio se han recibido 734 denuncias y ya hay 160 acciones judiciales presentadas.
A juicio de las organizaciones “La protesta no es delito”, “Unidas”, “Abofem” (abogadas feministas) y “Comité Jurídico 18 de octubre”, lo que se está viviendo hoy es la impune criminalización de la protesta social y con ello la toma de decisiones equívocas una y otra vez por parte de las autoridades políticas y de orden público.
Como orgánicas sociales asumen en conjunto la responsabilidad moral de exigir respuestas ante las reiteradas vulneraciones sufridas por miles de chilenos y chilenas, ante la ceguera de quienes que hacen caso omiso a las ciento de personas sin visión, mujeres violadas, familias amedrentadas, ¡una veintena de muertos! y un sinfín de situaciones absolutamente repudiables.
Ana González, dirigente sindicato Cpech y miembro de la “Red La Protesta No Es Delito”, explicó que, pese a que las organizaciones presentes fueron invitadas a la sesión extraordinaria, en un principio no se les permitió intervenir, lo que finalmente y tras interrumpir la reunión, fue posible. Cada exposición incluyó datos duros y un análisis desde distintas perfectivas, principalmente legales y sociales.
“Las autoridades no tienen estadísticas claras, hemos pedido información concreta sobre la cantidad de detenidos en prisión preventiva y otras medidas cautelares. José Sepúlveda Arévalo, acusado de provocar el incendio en el edificio de la Gobernación penquista. A don José se le otorgó una cautelar de 120 días de los cuales ya ha cumplido 72, sin que a su carpeta investigativa se sumaran antecedentes. Las únicas pruebas que incluye son los testimonios de dos efectivos de la policía de investigaciones quienes pertenecen a la Unidad de Crisis de la PDI penquista. Por eso preguntamos en qué consiste esta unidad, algo de lo que tampoco hemos recibido respuesta”, sentenció Ana González.
La sesión extraordinaria sobre Derechos Humanos, contaría con la presencia del Intendente Sergio Giacaman; el Gobernador de la Provincia de Concepción, Robert Contreras; el Jefe de Defensa Nacional, contralmirante Carlos Huber; el Jefe de la VIII Zona de Carabineros BioBio, General Luis Humeres; y el Prefecto de la PDI. Finalmente, sólo asistió el Gobernador de Concepción.
La situación, se hizo la observación, es aún más compleja con el paso de los días, porque lejos de provocar la concientización de los parlamentarios, estos le han dado un portazo a la ciudadanía con el aumento de penas en caso de "saqueos", "barricadas" y el inofensivo (en Chile) "el que baila pasa". Lo mismo con el polémico y hoy falto de garantías como el derecho a reunión.
Finalmente, las organizaciones agradecieron la carta firmada por los consejeros regionales Andrés Parra, Javier Sandoval, Leonidas Peña, Tania Concha, Alicia Yáñez, Jaime Peñailillo y Oscar Ramírez.
