Librería Giorgio de Concepción presentó recurso contra Presidente Piñera por no poder abrir hace un mes
La histórica Librería Giorgio de Tucapel en Concepción, a través de los abogados Andrés Flores y Pablo Muñoz, interpuso un recurso de protección contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ante la imposibilidad de abrir su local ubicado frente a los Tribunales.
La acción de restitución de garantías constitucionales, también se extiende al intendente del Biobío, Sergio Giacaman, y el gobernador de la Provincia de Concepción, Robert Contreras.
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Acorde a lo expuesto en el libelo, “desde que se comenzaron a producir los hechos de violencia consistentes en enfrentamientos entre la policía y grupos de violentistas en las inmediaciones del referido establecimiento comercial, ésta no ha podido funcionar con normalidad. De hecho rara vez ha podido abrir sus puertas por más de dos horas seguidas”.
Agrega que con “fecha 6 de noviembre de 2019 mi representada se vio forzada a tomar la decisión de cerrar y clausurar el local, lo que se mantiene hasta el día de hoy. Incluso, con fecha 25 de noviembre del presente se registró otro intento de saqueo en el referido establecimiento comercial, en donde una turba de desconocidos, con afán de ingresar al establecimiento comercial, destruyeron deliberadamente una de las cortinas metálicas que protegía al inmueble”.
Por este último hecho se presentó una querella criminal por el delito de daños.
Sobre la fundamentación, se señaló que “nuestra representada ha sufrido privación de su garantía constitucional del 19 N°21de la Constitución Política al verse impedido, desde el 6 de noviembre de 2019, de ejercer libremente su actividad económica en el referido establecimiento comercial"
A su vez, agregó, que "sufre una amenaza a su garantía constitucional del 19 N°24 de la Constitución Política al verse expuesto a constante peligro de destrucción y daño a las instalaciones del establecimiento comercial”.
El recurso de protección de Librería Giorgio de Concepción fue acogido a trámite, por lo que se dio un plazo de ocho días para emitir un informe. Además la Corte de Apelaciones decidió agrupar la vista de este recurso con otros dos similares presentados con anterioridad.
