Gobierno y F.F.A.A rechazan informe de Amnistía internacional sobre violación a DD.HH. en Chile

- El pasado jueves, el Gobierno de Chile tildó de “irresponsable” el duro informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones “generalizadas” a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que se vive hace más de un mes.

Tanto del ejecutivo como de las Fuerzas Armadas salieron a rechazar “categóricamente” el informe elaborado respecto de las violaciones a los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional indicaba que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.

Bajo esta línea, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, agregó que el Ejército y Carabineros han llevado a cabo “ataques generalizados en contra de la población, usando la fuera de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica”.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Desde las F.F.A.A, a través de un comunicado oficial afirmaron que no se actuó con la intención de “lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social”, como fue denunciado por la ONG.

Las Fuerzas Armadas declararon "rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido 'Una política de ataques generalizados contra manifestantes', ya que no existió, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil".

Además, agregaron que “la extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa ni indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FF.AA. en ese sentido”.

Tambien negaron que durante el Estado de Excepción haya habido intención de lesionar a los manifestantes, ya que al contrario, sólo estaban protegiendo “a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo”.

“Debemos afirmar que en ningún caso los mandos de las FF.AA. ordenaron o toleraron la comisión de delitos ni han obstruido o impedido el actuar de los organismo de Derechos Humanos ni de los tribunales de justicia”, recalcaron.

El Ejecutivo

Desde el gobierno fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien tomó la palabra y sostuvo que el documento “sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”.

Recabarren además acusó que el informe del organismo internacional plantea "aseveraciones irresponsables" y que el texto no tendría “el respaldo correspondiente”.

"El informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos. En Chile todas las instituciones del Estado actúan con plena independencia", afirmó la subsecretaria.

Amnistía

Tras estas declaraciones, Amnistía Internacional reveló a través de su cuenta de Twitter que el 28 de octubre solicitó reunión con el Gobierno pero no obtuvo respuesta, con lo que refutaron la aseveración de que dicho organismo no solicitó información al Ejecutivo.