TC acoge otro requerimiento de profesional que quiere retirar fondos de pensiones

Un nuevo caso se suma al de la profesora de Antofagasta. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional resolvió ayer martes acoger a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para que el organismo dirima respecto del derecho de propiedad de los afiliados sobre los recursos previsionales de su capitalización individual y la posibilidad de retirarlos.  La acción se da en el marco de un recurso de protección presentado por una trabajadora de la atención primaria de salud municipal que busca poder retirar sus ahorros en AFP Habitat, -los cuales según se establece en el recurso ascienden a $51.447.951- argumentando que tras 40 años trabajando, si se jubilara, el monto de la pensión no le alcanzaría para cubrir sus gastos.  La semana pasada se iba a realizar una audiencia de alegatos en la Corte por el caso, pero ésta decidió suspenderla para realizar la consulta previa al TC.  El propósito de la Corte es que determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, el cual creó el sistema de capitalización individual en 1980.  “Se formula requerimiento al Tribunal Constitucional para que establezca, si lo estima admisible, la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500, especialmente en sus artículos 23, 34 y 51, en cuanto los fondos de capitalización individual tiene como objeto exclusivo otorgar y administrar beneficios de este decreto ley y son parcialmente inembargables destinados exclusivamente a generar las prestaciones de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, como también los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones por concepto de prima o aporte de utilidades, en contravención a la Constitución Política de la República en cuanto a los atributos inalienables del derecho de propiedad”, sostiene el requerimiento.