Ejecutivos de Enap de Bío Bío y Quintero serán formalizados
La Fiscalía Regional del Bío Bío ingresó durante este viernes al Juzgado de Garantía de Talcahuano una solicitud para que se agende una audiencia de formalización de la investigación contra siete imputados en la causa penal que se inició por las emergencias ambientales generadas el 4 y 21 de agosto de 2018, en las bahías de Talcahuano, y Quintero - Puchuncaví, respectivamente.
Seis de los imputados se desempeñan en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y el restante en una firma que prestaba servicios a la referida estatal.
Los imputados que cumplen funciones en la empresa estatal son los siguientes: Edmundo Piraíno Suez, gerente de ENAP Refinerías Aconcagua; Alvaro Hillerns Velasco, gerente de ENAP Refinerías Bío Bío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de ENAP Refinerías Bío Bío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, ENAP Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de ENAP Refinerías Bío Bío; Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero, ENAP Refinerías Aconcagua.
El imputado que se desempeñaba en una empresa prestadora de servicios de ENAP es Joseph Darlington Flores, capitán de marina mercante.
La Fiscalía formalizará la investigación por los delitos contemplados en el artículo 291 del Código Penal, que establece que los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo.
Las imputaciones específicas a cada una de las personas mencionadas se detallarán en la respectiva audiencia.
La Fiscalía Regional del Bío Bío tomó la determinación de agrupar ambas investigaciones (Bahía de Talcahuano y Quintero- Puchuncaví) y radicarla en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, teniendo en consideración que los antecedentes recabados en la indagatoria dan cuenta que el elemento que dio origen a los episodios de contaminación ingresó al país en Talcahuano, y luego una parte del producto se envió a Quintero.
La decisión de solicitar la audiencia de formalización contra los imputados fue tomada por la Fiscalía Regional del Bío Bío en virtud de todos los antecedentes reunidos y el estado de avance de la investigación, y no como consecuencia de la petición que pudieran haber realizado otros actores intervinientes en la causa.
"Las conclusiones de las indagatorias, de la investigación hasta ahora, llevan al órgano persecutor a concluir que los delitos cometidos, tanto en Talcahuano como en Quintero, comienzan a ejecutarse en esta comuna en el mes de agosto del año pasado", dijo la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Los resultados de las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional del Bío Bío y el personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), están contenidos en 20 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas.
Hasta el momento, se han tomado 140 declaraciones a personas, tanto en calidad de testigos como de imputados.
Se ejecutaron dos órdenes de entrada, registro e incautación en dependencias con interés criminalístico, debidamente autorizadas por los tribunales. Además, se ha despachado una treintena de órdenes de investigar, peritajes e instrucciones particulares a la policía, como también requerimientos de información a entidades específicas.
Existe también abundante evidencia que está siendo estudiada por los peritos de la PDI.
