Instituto San Pedro y la angustiosa espera de 880 familias por saber si tendrán colegio en 2020
El Instituto San Pedro de San Pedro de la Paz mantiene un lío judicial que genera incertidumbre en su comunidad escolar, la que este martes, salió a marchar hasta Concepción para exigir a la Justicia que revierta la decisión notificada de desalojarlos.
El Tercer Juzgado Civill penquista emitió la orden de lanzamiento luego que fallara a favor de los ex administradores quienes demandaron un juicio de arrendamiento a la actual administración, que bordea los 450 millones de pesos.
Eso fue en respuesta a la querella presentada por la actual corporación a cargo contra ellos, luego que una auditoría revelara que no tienen cómo explicar la falta de cerca de 1.500 millones de pesos.
Lorena González, administradora del Instituto San Pedro señaló que “creemos que de alguna forma hemos abierto una caja de pandora, qué hay detrás de todo esto, ¿es solo este colegio? Yo creo que aquí hay corrupción, lamentablemente, y la gente que está avalando este tipo de situaciones sea de donde sea, tiene que pagar”.
Fernando Peña, seremi de Educación del Biobío, detalló que “hay una situación delicada, que se ha ido administrando con distintas diligencias, la más importante de ellas la orden de no innovar que declaró la Corte de Apelaciones, que fue parte de la estrategia que nosotros conversamos junto con el sostenedor, centro de padres y actores sociales dentro del instituto”.
“Eso nos garantiza tiempo para efectivamente trabajar en una estrategia judicial que revierta la decisión del juzgado civil respecto del lanzamiento de la propiedad, tenemos la convicción de que efectivamente en esa estrategia y en ese demostrar de que efectivamente acá, quienes tienen que pagar son justamente quienes hicieron un uso inescrupuloso y fraudulento de la subvención escolar”, agregó.
Para tranquilidad de los apoderados, añadió tras la marcha, que “yo creo que vamos a terminar el año escolar 2019 y lo importante ahora es trabajar justamente en esa estrategia judicial a mediano plazo para que durante el 2020 podamos trabajar con todas las herramientas judiciales para detener el lanzamiento”.
