Estudio revela que el "sueño" de la casa propia es "severamente no alcanzable" en Chile

Un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el cual se midió el índice de acceso a la vivienda (“PIR” en su iniciales en inglés), indica que para un ciudadano promedio, adquirir una vivienda es “severamente no alcanzable” en nuestro país.

Según consignó Emol, tomando como el ingreso autónomo de hogares reportado en la encuesta Casen (con un promedio de $913 mil mensuales) junto con datos del Banco Central, calificó a Chile con un PIR de 7,8; resultando en uno de los más altos del mundo, superando a países de la talla de Nueva Zelanda (6,5), Reino Unido (4,8) o Estados Unidos (3,5).

El objetivo de este índice es estimar la cantidad de años que necesita un hogar de ingreso promedio para financiar totalmente una vivienda de precio promedio (3.089 UF).

Por ejemplo, si el índice es “4”, significa que un hogar de ingreso promedio necesita destinar durante 4 años todos sus ingresos para adquirir una vivienda. En caso de no poder destinar todo el ingreso a ese fin, le significaría solicitar un crédito hipotecario que tenga una duración de entre 30 y 45 años para conseguir el inmueble.

Tras lo anterior se traduce en que nuestro país está ubicado entre las naciones en las que la vivienda es "severamente no alcanzable".

Además del registro a nivel nacional, vale decir que la mayoría de las ciudades en Chile se encuentra en la parte alta del índice, teniendo situaciones críticas en:

•  Temuco (8,8)
• Concepción (7,7)
• Santiago (7,4)
• La Serena (7,3)
• Valparaíso (7,1)

Propuestas para enfrentar la crisis

Para abrir el debate, la CChC plantea tres medias que pueden contribuir a enfrentar la crisis de acceso a la vivienda:

• Planificación urbana integrada y de largo plazo, que asegure la provisión de suelo urbano para mantener una adecuada oferta de viviendas.
• Densificación equilibrada e inclusiva en las zonas aledañas a la infraestructura pública de alto estándar (con y sin subsidio).
• Nueva y potente política de arriendos en la que, por la magnitud del problema, participe el sector público y el privado.