Continúan las repercusiones y el debate en la región del Biobío, tras la aprobación en general en la Sala del Senado de la "ley corta antiterrorista", con 32 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones. La iniciativa que impulsa el Gobierno busca ampliar las facultades especiales que actualmente tiene el Ministerio Público para investigar delitos contemplados en la ley de drogas o la ley de control de armas, a ilícitos de carácter terrorista, permitiendo a la fiscalía, entre otras herramientas, el uso de agentes encubiertos. Una propuesta especialmente sensible en la octava región por los múltiples hechos de violencia acontecidos en la provincia de Arauco. Para la Asociación de Contratistas Forestales es un avance, pero que llega tarde. El presidente de la asociación de empresarios, René Muñoz, dijo que el Gobierno no saca nada con crear leyes si los organismos no se anticipan a los hechos de violencia para prevenirlos. Uno de los votos en contra fue el del senador Alejandro Navarro. El Parlamentario dijo que hay un criterio común para determinar que la ley vigente “es una ley enferma e insuficiente”, por lo que emplazó al Ejecutivo para tramitar una ley larga. Por medio de un comunicado, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, calificó como una "muy buena noticia" para la región del Biobío la aprobación de la 'ley corta antiterrorista'. A criterio del Diputado, la iniciativa "entrega poderosas herramientas para combatir a sectores violentistas minoritarios que han prosperado justamente, porque el Estado carece de instrumentos legales actualizados para perseguirlos, juzgarlos y encarcelarlos”, detalló Bobadilla. Ahora corresponde que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Congreso para su estudio en particular, para lo cual se fijó como plazo el 19 de agosto para presentar indicaciones.