Un conflicto entrelos ex sostenedores y la actual administración del Instituto SanPedro terminó en la justicio con un juicio de arriendo, el cualfavoreció la demanda de los ex controladores quienes reclaman elpago de 114 millones de pesos en arriendos no pagados entre 2017 y2018.

A la peticiónanterior se suman 325 millones de pesos como indemnización por dañomoral, argumentos que llevaron al Tercer Juzgado Civil de Concepcióna acoger la acción legal y ordenar el desalojo en los próximos 10días.

Por este motivo lacomunidad educativa del recinto que tiene una matrícula de 880alumnos, arriesga quedar sin el espacio físico que ocupan desde hace60 años.

Sociedad comercial yLey de inclusión

La actual Ley deInclusión que entró en vigencia en 2018 sacó a las sociedadescomerciales de la administración de recintos educacionales poniendocomo obligación que corporaciones o fundaciones sin fines de lucrosean los responsables del establecimiento.

Al hacer el cambio,se ordenó una auditoría la que arrojó una malversación derecursos por 1.650 millones de pesos, motivo por el que sacaron a losdos gerentes a cargo e interpusieron una querella.

Los querelladosrespondieron con un juicio de arrendamiento debido a que eltestamento de la dueña del Instituto dejó todos los bienes a cargode la sociedad, siendo ellos aún los “dueños”.

La actualsostenedora del Instituto San Pedro, Lorena González, dijo que “nopuede ser que hoy día nos hayamos encontrado con un colegio condéficit, multas en la Superintendencia por gastos rechazados, falsosy que además presenten una demanda de arriendo la cual fue falladainjustamente y nos saquen a la calle”.

Sandra Valenzuela, presidenta del Centro General de Padres del Instituto San Pedro,apuntó a que “realmente para nosotros es súper difícil, teníamosesperanza que la resolución del arriendo hubiese sido favorable parael colegio, porque aquí sea como sea el tema principal son los niñoslos que más pierden”.