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Un conflicto entre los ex sostenedores y la actual administración del Instituto San Pedro terminó en la justicio con un juicio de arriendo, el cual favoreció la demanda de los ex controladores quienes reclaman el pago de 114 millones de pesos en arriendos no pagados entre 2017 y 2018.

A la petición anterior se suman 325 millones de pesos como indemnización por daño moral, argumentos que llevaron al Tercer Juzgado Civil de Concepción a acoger la acción legal y ordenar el desalojo en los próximos 10 días.

Por este motivo la comunidad educativa del recinto que tiene una matrícula de 880 alumnos, arriesga quedar sin el espacio físico que ocupan desde hace 60 años.

Sociedad comercial y Ley de inclusión

La actual Ley de Inclusión que entró en vigencia en 2018 sacó a las sociedades comerciales de la administración de recintos educacionales poniendo como obligación que corporaciones o fundaciones sin fines de lucro sean los responsables del establecimiento.

Al hacer el cambio, se ordenó una auditoría la que arrojó una malversación de recursos por 1.650 millones de pesos, motivo por el que sacaron a los dos gerentes a cargo e interpusieron una querella.

Los querellados respondieron con un juicio de arrendamiento debido a que el testamento de la dueña del Instituto dejó todos los bienes a cargo de la sociedad, siendo ellos aún los “dueños”.

La actual sostenedora del Instituto San Pedro, Lorena González, dijo que “no puede ser que hoy día nos hayamos encontrado con un colegio con déficit, multas en la Superintendencia por gastos rechazados, falsos y que además presenten una demanda de arriendo la cual fue fallada injustamente y nos saquen a la calle”.

Sandra Valenzuela, presidenta del Centro General de Padres del Instituto San Pedro, apuntó a que “realmente para nosotros es súper difícil, teníamos esperanza que la resolución del arriendo hubiese sido favorable para el colegio, porque aquí sea como sea el tema principal son los niños los que más pierden”.

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