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La fiscal de la Región del Bío Bío, Ana María Aldana, especialista en investigaciones por delitos medioambientales, formalizará a dos ciudadanos peruanos radicados en Chile, por infracción a la ley de residuos peligrosos, ya que operaban una fábrica clandestina de lingotes de plomo en la comuna de Negrete.

Un imputado chileno, identificado como Byron Holtman Ojeda (48), ya fue formalizado en la indagatoria y accedió a una salida alternativa contemplada en el Código Procesal Penal, ya que tenía irreprochable conducta anterior y la pena de presidio menor asignada al delito en la ley, así lo permitieron.

Los hechos fueron denunciados en junio de 2017 y la actividad ilícita se realizaba en un galpón de 200 metros cuadrados, ubicado en un predio rural en la comuna de Negrete.

Las diligencias investigativas realizadas por la PDI detectaron que en el recinto existían diversos insumos utilizados para la fundición no regulada, tales como viruta de hierro y sacos de carbón mineral, además de numerosa chatarra y baterías en desuso.

También había un horno rotario de llama directa para procesar y fundir las placas de las baterías para obtener plomo, el que era trasvasijado a moldes para formar lingotes que serían comercializados.

Además, en el lugar había tambores y recipientes de lubricantes que eran usados como combustible.

Asimismo, existían contenedores plásticos donde se destilaba el ácido sulfúrico de las baterías, y un sistema de extracción de aire conectado con un circuito a un ciclón y manga de extracción, donde se depositaba el material particulado de la fundición.

"Al momento de generar los lingotes, se producían vapores, estos también son muy tóxicos y eran expelidos fuera de la bodega a través de una chimenea que se hacía con tambores, de forma muy artesanal que no solamente afectaban a los vecinos, sino también al medio ambiente", sostuvo la fiscal Ana María Aldana.

La empresa clandestina fue clausurada por la autoridad sanitaria en su oportunidad y la Fiscalía también indaga la participación en el delito de otras dos personas que tendrían el rol de propietarios del negocio ilícito.

Actualmente, la PDI tiene la tarea de ubicar a los imputados que la fiscal Ana María Aldana decidió formalizar por infringir el artículo 44 de la ley 20.920 sobre residuos peligrosos.

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